Pese a que el principio de presunción de inocencia afirma que son las acusaciones las que tienen que probarse de forma fehaciente, los dos empresarios cordobeses que se sientan hoy en el banquillo de la vista oral del sumario Malaya parten con la misión de combatir la solidez de las pruebas recabadas durante la fase de instrucción, que se sustentan en la documentación incautada en una de las empresas del ex gerente de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, y de la interpretación que el instructor del sumario y la Policía han realizado de sus datos. Buena parte de la información inculpatoria, que es la que dio pie a los arrestis, forma parte de los archivos de la sociedad Maras Asesores, requisados por los investigadores.

Ambos, Gómez y Enríquez, han armado su estrategia reclamando la nulidad a efectos probatorios del informe realizado por los agentes especializados en delitos financieros que consideran que son sus nombres los que se encuentran tras las claves que usaban los empleados de Roca. En el caso de Gómez, R. Gmz y Skm son las claves que aprecen delante de dos entregas de 300.000 euros cada una para conseguir -dice el auto de procesamiento- que se permitiese abrir un acceso de sus oficinas al paseo marítimo en el complejo Mare Nostrum.

Gómez, que ha sido uno de los procesados más televisivos de Malaya, no es ni mucho menos uno de los empresarios que cuentan con peor situación a priori -al constructor José Ávila Rojas le reclama el Ministerio Fiscal una pena de diez años de prisión mientras que a Tomás Olivo se le piden cinco-. La Fiscalía le reclama al propietario de Arenal 2000 18 meses de prisión y una multa de 1,2 millones (el doble de lo supuestamente entregado a Roca) por un delito de cohecho, que en el caso de ser condenado no le obligaría ni siquiera a cumplir la condena en prisión (la Junta eleva esa petición de pena a dos años de cárcel y existe una acusación particular, la del Consistorio marbellí). Se le acusa de una presunta entrega de dinero a funcionario público para que intercediera a favor de sus intereses. El argumentario legal de Gómez camina por la vía de reconcer que abonó legalmente 600.000 al Ayuntamiento de Marbella por las obras (cambiar un cerramiento por un acristalamiento) y que hasta ahí llegó su participación en el proceso. La tesis que defiende el empresario es que fue víctima de una "estafa", según llegó a asegurar su abogado en la vista previa de la causa, la que resolvió los recursos de nulidad presentados.

José María Enríquez se enfrente a una acusación del fiscal que entiende en su calificación provisional que se han cometido sendos presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Detenido el 14 de noviembre de 2006, se enfrenta a una pena de prisión de ocho años ya que -además de estar acusado de cohecho como Rafael Gómez- pesa sobre él una acusación de un presunto delito de blanqueo de capitales. La responsabilidad pecuniaria debe ser, según el Ministerio Púiblico, de 28 millones de euros.

Propietario de una de las promotoras de mayor crecimiento durante los 90 en Córdoba, se le acusa de haber pagado a Roca 300.000 euros entre 2005 y 2006 para que favoreciera sus negocios urbanísticos en San Pedro de Alcántara, algo que ha negado de forma contundente en su comparecencia ante el juez instructor. El caso de Enríquez tiene bastantes más matices que el de Gómez ya que entra en juego un negocio en el que, entienden las acusaciones, se obtuvo una ganancia ilícita por medio de los negocios con el ex gerente de Urbanismo de Marbella en una promoción que lleva el nombre de Casablanca Beach. El informe de la defensa de Enríquez rechaza de plano todas las aseveraciones que aparecen en la investigación asegura que se trató de una promoción urbanística ordinaria y que no se llegó a ningún acuerdo directo con Roca.