Continúa la polémica generada en torno a las declaraciones vertidas por el juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, sobre la mala situación de la Administración de Justicia en la provincia. El Ministerio de Justicia aclaró ayer que, en los dos últimos años, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha solicitado al Gobierno ninguna medida de refuerzo para el órgano del que Rabasa es titular, al tiempo que insistió en que el ministerio sí ha autorizado "la práctica totalidad de las peticiones de medidas de refuerzo solicitadas por el CGPJ para la comunidad andaluza".

Así, de las 15 medidas de apoyo para los órganos jurisdiccionales de Andalucía solicitadas por el Consejo el pasado año, 14 fueron aprobadas por el Ministerio -un 93,3%-, con un coste de 471.950 euros. De ellas, tres fueron comisiones de servicio de jueces o magistrados de carrera con relevación de funciones, dos fueron comisiones de servicio sin relevación de funciones y diez correspondieron a adscripciones de jueces sustitutos y magistrados suplentes. Con respecto al año 2008, de las 22 peticiones, Justicia autorizó a efectos económicos 20 -el 90,91%.

El juez decano, Luis Rabasa, insistió la semana pasada en que reducirá a la mitad el número de señalamientos de juicios para el año 2009, tal y como la junta de jueces acordó hace unas semanas. "Lo urgente lo vamos a resolver y no vamos a perjudicar al ciudadano", afirmó Rabasa. "Los que no se queden señalados, pues se quedarán pendientes para el año siguiente", añadió el decano, quien advirtió que "esto en dos años revienta". Criticó, además, que los jueces están "francamente desasistidos".

Al día siguiente, el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, respaldó que la Justicia necesita "rejuvenecer" y reclamó una "reforma a fondo" del actual sistema.