El portavoz municipal de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, pidió ayer a las administraciones que den una solución definitiva a las familias que se han quedado sin vivienda y han ocupado pisos propiedad de bancas a través del método del realojo gestionado por plataformas como Stop Desahucios. Para evidenciar la situación en la que se encuentran estas familias, Ganemos ha financiado un estudio realizado por la Unidad de Investigación y Estudios Socioculturales (Etno-Córdoba) de la Universidad de Córdoba (UCO) que fue presentado por el propio Blázquez y por el coordinador del proyecto, José María Manjavacas. Las investigadoras encargadas de este estudio han sido Leonor Fernández e Irene Blázque que, junto a otros técnicos, han entrevistado a 60 familias que atraviesan la situación antes descrita.

Las 60 familias ocupan viviendas repartidas por toda la ciudad, sobre todo en el Sector Sur, Fátima y Miralbaida. El conjunto total arroja que son 165 personas, 64 menores de edad (52 de ellos con menos de 13 años) y el grupo con más peso es el formado por parejas jóvenes de entre 20 y 45 años que tienen hijos a su cargo. Además, como añadió Manjavacas, también hay una cifra significativa de madres solteras. Con respecto a su situación en el piso en el que viven, el estudio apunta que más de la mitad, el 55%, se encuentran inmersas en un proceso judicial abierto, un 20% está en negociaciones por un alquiler social, el 16,67% está realojada con ese alquiler social y casi el 7% tiene prevista una fecha de desalojo.

Tres cuartas partes de las personas no perciben ingresos o lo hacen por debajo de los 500 euros

También es ilustrativo que hasta 104 de las personas que contestaron a las preguntas están en edad de trabajar y 98, es decir, más del 94%, están en paro. Tan sólo seis de ellas tienen un empleo regularizado con contrato y están dados de alta en la Seguridad Social. Manjavacas se paró aquí para apuntar que muchos de ellos realizan trabajos puntuales, dentro de la economía irregular. Hasta tres cuartas partes no perciben ingresos o lo hacen por debajo de los 500 euros mensuales y sólo el 10% declara ingresar al mes entre 800 y 1.000 euros.

En este caso, conocer la cifra completa de familias que se encuentran en esta situación es muy complicado, si bien la estimación se sitúa en unas 600. Por lo que, apuntaron tanto Manjavacas como Blázquez, el estudio de la UCO es sólo la "punta del iceberg" razón por la cual, apostillaron, los bancos deberían hacer pública la lista de viviendas que tienen vacías para destinarlas a cubrir las carencias habitacionales.

Sobre las críticas de algunos vecinos en otros puntos de la ciudad donde alertan de la ocupación de viviendas por partes de familias molestas, desde la UCO señalaron que en el trabajo de campo no se han encontrado con ningún caso de este tipo. Es más, añadió Manjavacas, la convivencia con los vecinos es de "comprensión, solidaridad y apoyo".