La siniestralidad laboral sigue siendo "elevada, injustificada e impropia para este siglo". El coordinador de sala en esta materia de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel Oña Navarro, advirtió ayer del alarmante número de accidentes en el trabajo que soporta el país, y apuntó que, aunque en 2007 se registraron 400 incidentes menos que en el año anterior, se ha avanzado "poco". Oña intervino ayer en las cuartas jornadas de especialización de fiscales en materia de siniestralidad laboral que hoy se clausuran en el Palacio de Congresos y subrayó el esfuerzo de los integrantes del Ministerio Público para luchar contra esta lacra, pues recalcó que los escritos de acusación se han duplicado el último año y también han aumentado las sentencias condenatorias.

En el encuentro también intervino el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús María García Calderón, quien mostró su preocupación "por la excesiva dilación temporal de algunos procesos", como el que se sigue por la muerte de varios trabajadores en la construcción de una autovía del Mediterráneo en Granada. "Son causas complejas en las que la elaboración de informes técnicos son imprescindibles", reconoció García Calderón, quien se marcó como objetivo "enfatizar la persecución de los delitos de riesgos" para evitar que se produzcan siniestros. "Hay que tener presente que se trata de un fenómeno criminal que afecta a intereses que tienen que ser combatidos con el derecho penal", sostuvo el fiscal jefe del TSJA, quien lamentó que este tipo de accidentes tienen "raíces profundas en la realidad criminal española".

Los datos presentados ayer en el encuentro por el consejero de Empleo, Antonio Fernández, son un claro exponente de la lacra que supone la siniestralidad laboral. Desde 2004, la Consejería presentó a la Fiscalía General del Estado un total de 2.388 partes de paralizaciones de obra y accidentes muy graves o mortales en los últimos tres años, lo que tuvo como consecuencia la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía en 629 casos, el equivalente a un 26% del total. Fernández destacó que estos resultados son fruto del convenio de colaboración, "el primero en España en esta materia", que mantienen la Junta y la Fiscalía para la lucha contra la siniestralidad.

Fenández recordó que el acuerdo contempla el compromiso de la Consejería de comunicar con carácter urgente a los fiscales especializados -dos en Córdoba- las situaciones de emergencia en relación con la seguridad y la salud de los trabajadores. Hasta finales de 2007, Empleo trasladó 2.388 comunicaciones, de las que 543 fueron por accidentes mortales; 254 por siniestros muy graves; 1.156 por otras situaciones de alerta y 453 por paralizaciones de obra. Como consecuencia, la Fiscalía abrió 629 diligencias previas por delito. El consejero consideró "satisfactorio" el resultado del convenio firmado con el Ministerio Público y anunció que la Junta estudia la posibilidad de establecer una línea de comunicación telemática para el asesoramiento específico de los fiscales especializados por parte de los técnicos de los centros de prevención de riesgos laborales.