"La última palabra en este asunto todavía no está dicha". Así de tajante se mostró ayer el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, en unas declaraciones a El Día al abordar el montaje de una casa portátil en el mismo terreno en el que el pasado abril se produjo el primer derribo de una vivienda en la capital como consecuencia de una infracción urbanística. Los propietarios de la vivienda original ya se sentaron ante los tribunales en una ocasión y fueron absueltos. En aquel momento, el tribunal consideró que no podía condenarlos a ellos, que tenían una vivienda rodeada de parcelas igualmente irregulares. En cualquier caso, Martín Caro incidió en que "se trata de dos procesos diferentes", ya que en la demolición de la casa anterior no intervino el fiscal y este nuevo expediente se resolverá por la vía penal. El derribo fue ordenado por la Gerencia de Urbanismo, recurrido ante lo contencioso administrativo y ratificado por los tribunales sin la participación del Ministerio Público.

La Fiscalía se encuentra en espera de recibir el expediente iniciado por Urbanismo para proceder a su estudio. Una vez que este asunto esté en sus manos, el fiscal analizará si Francisca Rodríguez, la propietaria tanto del inmueble como de la casa portátil montada, ha podido incurrir en los delitos de desacato, quebrantamiento de condena y ordenación del territorio. A este respecto, Martín Caro, en contra de los argumentos que esgrime la parcelista -que afirma que es una "roulotte grande y con ruedas"-, aclaró que la vivienda montada sobre este solar es una "construcción también a todos los efectos".

La Gerencia de Urbanismo, según la información facilitada a este periódico, señaló que dará traslado a la Fiscalía del caso una vez que los servicios técnicos realicen su tramitación. El expediente disciplinario se incoó a raíz de dos denuncias consecutivas de los agentes de la Policía Local. En primer lugar, los agentes del cuerpo municipal que se dedican al control urbanístico de la zona detectaron la construcción de la solera de hormigón necesaria para el montaje de la vivienda. En segundo lugar, los funcionarios trasladaron a la Gerencia la denuncia de la instalación de la propia casa portátil, un tipo de vivienda que empieza a ser muy habitual en la Sierra ante la creencia de sus propietarios de que es una fórmula que puede sortear la labor de inspección del Consistorio.

Las fuentes de Urbanismo que informaron a este rotativo aseguran asimismo que, en el caso de la portátil del Cerro de San Cristóbal, no habrá una orden de paralización -no tendría sentido en una vivienda que ya está absolutamente montada- ni de precinto. Será la Justicia quien, bajo el procedimiento penal y en última instancia, tendrá que dilucidar qué ocurre con la vivienda prefabricada y su propietaria.

Mientras se desarrolla la investigación urbanística y ante la imposibilidad de detener una construcción que ya está en pie, la propietaria podrá seguir viviendo en la portátil. Según informó, la vivienda, que cuenta con 50 metros cuadrados de superficie, dispone de dos dormitorios, un aseo con placa de ducha y aseo, una cocina y una pequeña sala de estar. Rodríguez detalló que la vivienda, separada en dos módulos prefabricados, la trajeron sus hijos desde Barcelona transportada en un camión de gran tonelaje para que no viviera en la caravana que tenía anclada sobre este mismo terreno. Previamente a la instalación de esta vivienda -alrededor de un mes y medio antes-, la dueña del solar encargó la colocación de un solería de hormigón. La zona es zona protegida.