"La gran reforma pendiente". Así calificó ayer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la tarea que tiene el Gobierno central con la Justicia española, por lo que le reclamó que se acometan los cambios necesarios para conseguir superar lo que considera "la gran reforma pendiente tras 40 años de democracia". Díaz realizó estas declaraciones en la inauguración oficial de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, un edificio que lleva abierto y activo ocho meses y el cual visitó Díaz hace nueve. La presidenta andaluza participó así en un acto meramente institucional donde planteó varias peticiones al Ejecutivo de Mariano Rajoy, entre ellas la dotación de más personal para la Administración de Justicia, y donde se acompañó del presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, además de la fiscal superior de Andalucía Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, el subdelegado, Juan José Primo Jurado, o la delegada de la Junta, Esther Ruiz.

Díaz destacó la inversión de la Junta de Andalucía en un edificio como la Ciudad de la Justicia, del cual volvió a repetir todos los datos que ya se han dicho hasta ahora. 51.000 metros cuadrados, casi 68 millones de euros, un trasiego de 1.000 personas al día... La presidenta del gobierno andaluz recordó así la apuesta del ejecutivo autonómico para la que es la tercera ciudad de la justicia de Andalucía, tras las de Málaga y Almería y para recordar, entre líneas, que ahora es el Gobierno central el que debe poner de su parte.

"La justicia tiene que ser rápida para que los ciudadanos perciban que es justa", manifestó la presidenta en su discurso inaugural de la Ciudad de la Justicia. "Todos tenemos una responsabilidad para que esto sea así", continuó Díaz, quien afirmó que desde el Gobierno andaluz "se va a llevar a cabo la recuperación de derechos en la mejora de nuestras competencias" que "como bien saben, son limitadas". "Espero y reivindico que los recursos que necesitamos de magistrados, jueces y profesionales sean cubiertos cuanto antes", solicitó la presidenta de la Junta al Gobierno central.

La presidenta reconoció, en este sentido, que se han atravesado "unos años difíciles" y en el sector de la Administración de Justicia "se ha notado y mucho", por lo que espera que "el diálogo y el acuerdo" de "todos los que estamos al frente de lo público" se haga también efectivo en este ámbito.

Por su parte, Carlos Lesmes manifestó que los ciudadanos reclaman "una justicia ágil y de claridad", por lo que esperan una respuesta "pronta" a sus conflictos y necesidades, y que los jueces que la imparten lo hagan con "independencia e imparcialidad" para "tener la respuesta más adecuada".

En este sentido, la calidad "se materializa en unas instalaciones de calidad y unos medios dignos", como los que cuenta la Ciudad de la Justicia de Córdoba en la que se han invertido más de 67 millones de euros y que, como ya se ha dicho, prestará servicio a 700 profesionales a diario y circularán más de 1.000 ciudadanos.

"Son unas instalaciones mas que suficientes para la prestación de un servicio publico de calidad", valoró el presidente del Tribunal Supremo, quien también subrayó la fórmula unificadora de órganos judiciales como "exitosa" porque "permite concentrar todos los servicios de la justicia en un único edificio facilitando la labor profesionales y las necesidades de los ciudadanos".