Córdoba

Desmantelan un entramado de empresas y detienen a más de 20 defraudadores

  • La Policía continúa con la operación 'Cierre' con delitos contra la Seguridad Social y Hacienda

Delegación de Hacienda en Córdoba.

Delegación de Hacienda en Córdoba. / el día

La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, ha desmantelado, dentro de la segunda fase de la operación Cierre, un entramado ficticio de empresas que presuntamente habría defraudado más de 150.000 euros a las arcas públicas en Córdoba. Según informó ayer el Cuerpo Nacional de Policía, durante esta segunda fase de la investigación los agentes han localizado y detenido a 22 personas, así como investigado a otras tres, ante la existencia de indicios de la comisión de un delito contra la Seguridad Social y de falsedad documental.

Durante la operación, se ha incautado de numerosa documentación entre la que se encuentran altas y bajas supuestamente fraudulentas de las empresas investigadas, nóminas de presuntos trabajadores, datos fiscales de empresas, administradores y trabajadores.

En concreto, esta operación se inició en 2017 y en una primera fase se detuvo a 65 personas y se investigaron a otras 39, estando todos ellos relacionados con una empresa que presuntamente se dedicaba a prestar diferentes servicios de administración.

Como continuación a las pesquisas realizadas, los agentes han detectado como presuntamente durante el presente año más individuos podrían seguir defraudando a las arcas públicas, continuando con el entramado ficticio creado anteriormente.

La investigación comenzó a mediados del mes de enero de 2017, cuando agentes del Grupo de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba detectaron la posible existencia de una empresa que, bajo la apariencia de una actividad real, enmascararía altas ficticias para que los trabajadores tuviesen derecho a adquirir prestaciones públicas, para así obtener el certificado NIE de ciudadano de la Unión Europea.

Ante la posible existencia de indicios delictivos, los agentes prosiguieron la investigación, en la que, tras realizar numerosas pesquisas, determinaron en una primera fase como los domicilios fiscales de la empresa no mostraban signo alguno de actividad empresarial referida.

Además, según informes desprendidos de la investigación, la empresa pretendería realizar una actividad empresarial a "coste real cero", acreditando los agentes como dicha empresa no tendría actividad mercantil de referencia, estando además sin justificar entre otros aspectos el pago de salarios a los trabajadores.

Por todos los datos aportados, los policías dedujeron que los investigados habrían simulado mantener una relación laboral, estando en realidad éstos dados de alta a los solos efectos de obtener prestaciones cuya gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal o a los efectos de acumular carencia para futuras prestaciones. La presente intervención se encuadra dentro del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el de Empleo y Seguridad Social en materia de lucha contra el empleo irregular.

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