Córdoba

El 90% del sector en Córdoba rechaza el acuerdo y mantiene el parón indefinido

  • Usintra y la plataforma de autónomos dicen que la oferta es "engañosa" · La Policía y la Guardia Civil organizan 300 escoltas a los camiones para garantizar el abastecimiento

El cuarto día de huelga del sector del transporte de mercancías dejó ayer un sabor agridulce. Cuando parecía que había un principio de acuerdo y que, por tanto, el parón podría tener las horas contadas, los responsables de los principales colectivos de camioneros autónomos de la provincia negaron esta posibilidad. Así lo manifestaron los representantes tanto de la Unión Sindical de Transportistas (Usintra), a la que pertenecen alrededor de 800 profesionales, como los de la recién creada plataforma, que en Córdoba ha conseguido el respaldo de unos 400 trabajadores. Unos y otros aseguran a El Día que mantienen el carácter indefinido del parón y que no habrá un acuerdo definitivo hasta que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero apruebe, entre otras medidas, una tarifa mínima para el transporte de mercancías.

Aún están por concretar las medidas de presión de las que se valdrán, pero lo que parece claro es que, como hasta ahora, habrá piquetes en diferentes puntos de la provincia para tratar de engrosar la nómina de los huelguistas. Asimismo, el responsable de la plataforma, Juan Carlos Pulido, señaló que convocarán una manifestación a pie por la ciudad, ya que la Subdelegación les ha prohibido que estas movilizaciones se realicen con los camiones. El gerente de Usintra, Rafael Perales, por su parte, recalcó que los transportistas afiliados a su entidad no participarán en estas protestas y calificó de "engañosos" los datos facilitados por el Gobierno -que afirma que el 88% del sector ha apoyado el acuerdo.

A diferencia de jornadas anteriores, ayer no se registraron incidentes ni hubo movilizaciones en los accesos a la ciudad, pero el temor de los camioneros a encontrarse con algún piquete en el camino obligó a las fuerzas de seguridad del Estado a incrementar la dotación de escolta a los tranportistas para garantizar el abastecimiento, como así lo apuntó el subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, al realizar un balance de los primeros días de parón. En total, entre la Policía Nacional y la Guardia Civil se desarrollaron algo más de 300 convoyes para proteger a unos 700 vehículos de mediano y gran tonelaje. Las escoltas más numerosas fueron para el sector de los hidrocarburos, aunque también se dio cobertura a los camiones con alimentos. "Vamos a atender a todas aquellas empresa que soliciten la escolta de los cuerpos de seguridad del Estado", concretó Ruiz.

El subdelegado también subrayó que los efectos de la huelga de los transportistas irán remitiendo en los próximos días. Ruiz lanzó un mensaje de tranquilidad y optimismo radicalmente opuesto a los planteamientos de buena parte del sector en Córdoba. En este sentido, recalcó el entendimiento entre las administraciones públicas -el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento- en este asunto y señaló que "esta coordinación nos ha ayudado a minimizar el impacto de la huelga".

Sobre el abastecimiento de supermercados y centros de distribución alimentaria, uno de los capítulos que más preocupa a los ciudadanos, Ruiz incidió en la garantía de abastecimiento al recalcar que "se mantendrán" los convoyes para que este tipo de mercancía llegue a sus destinos. También aludió Ruiz al hecho de que, a pesar de la demanda de Policía y Guardia Civil, "no han sido necesarios los refuerzos", si bien precisó que el único efectivo externo que ha llegado a la provincia ha sido un helicóptero para ejercer un mayor control de la situación.

En cuanto a la negativa del Gobierno central a establecer una tarifa mínima que evite que algunos transportistas trabajen por debajo del coste, el gerente de Usintra abundó en que esta decisión es "posible". El también abogado de este sindicato precisó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado favorablemente en diferentes sentencias para que exista un sistema de tarifas mínimas obligatorias.

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