El gobierno municipal pagará la deuda pendiente con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) aunque de una forma bastante particular y sin que ello suponga un quebranto grave para para las arcas municipales. El Pleno del Consistorio tendrá que visar un convenio que establece que las arcas municipales pagarán en 14 años la deuda pendiente, superior a cuatro millones de euros, a razón de una cantidad que ronda los 350.000 euros.

El llamado convenio de los arroyos es uno de los conceptos pendientes de pago que el Partido Popular blande como parte de la herencia recibida por la izquierda. El anterior gobierno municipal alcanzó un acuerdo con el órgano de cuenca para la realización de una serie de actuaciones en los cauces que rodean el término municipal. Desde Izquierda Unida, se garantizó al Ministerio de Medio Ambiente una aportación del 25% del presupuesto global de las obras, cantidad que nunca llegó a ingresarse de forma efectiva.

Dicho convenio se rubricó para realizar una serie de actuaciones en los arroyos de la ciudad que, con las lluvias, provocaban no pocos problemas de inundaciones en parcelaciones, zonas urbanas e, incluso, infraestructuras de la ciudad. Dicho acuerdo permitió también realizar cambios en el diseño de la evacuación de aguas pluviales para acabar, por ejemplo, con las imágenes habituales del Pocito inundado modificando la red de colectores de la zona de Levante, una obra que tuvo levantada esa parte de la ciudad durante varios meses.

Según el expediente municipal, no sólo se produjeron problemas de carácter económico. Además, el órgano de cuenca y los servicios del Consistorio nunca llegaron a ponerse de acuerdo sobre los costes reales que efectivamente se realizaron y los que, supuestamente, aparecían en los proyectos técnicos de las infraestructuras. El acuerdo entre ambas partes es extrajudicial, lo que implica que se paralizan las actuaciones legales iniciadas por la Abogacía del Estado en la jurisdicción contencioso administrativa.

El acuerdo explica que, de todas las alternativas que había sobre la mesa en las negociaciones, se ha optado por la menos gravosa para la economía municipal asimilando las cantidades adeudadas a una deuda comercial, como si la Confederación Hidrográfica fuese un proveedor más de la hacienda municipal. Intervención explica en un informe que está de acuerdo con el reconocimidento de deuda pero que tiene severas dudas sobre la forma de pago de estas cantidades y sobre el tratamiento que se le ha otorgado.