F. J. M. P. y J. J. J. A., dos agentes en activo del Cuerpo Nacional de Policía, han sido condenados a penas que suman seis años de prisión por detener ilegalmente a una mujer, a la que identificaron en un polígono de la capital, hicieron subir al coche patrulla y abandonaron en el pantano del Guadalmellato. Los hechos se produjeron en la madrugada del 26 de noviembre de 2007.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial considera probado que los dos uniformados, estando de servicio, dieron el alto a un vehículo que circulaba de forma irregular por una calle del parque empresarial del Granadal. Tras pedir la documentación a la conductora y comprobar que el permiso estaba vigente, procedieron a identificar a las dos ocupantes del coche debido a que presentaban "síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas".

Los agentes, según la sentencia, requirieron a la mujer que viajaba como copiloto para que les acompañara a la Comisaría con el objeto de identificarla. La patrulla llegó a las dependencias de Campo Madre de Dios al filo de las 04:00 y, tras bajar del coche la mujer para fumar un cigarro, le recriminaron su actitud y la obligaron de nuevo a subir al coche. F. J. M. P. y J. J. J. A. salieron de las dependencias de la Comisaría a las 04:30 y, "sin causa alguna que justificara la privación de libertad deambulatoria" de la mujer, se dirigieron al pantano del Guadalmellato, situado a más de 20 kilómetros del casco urbano de la ciudad.

La resolución de la Audiencia Provincial considera probado que los dos encartados sacaron a la mujer del vehículo "a la fuerza", la cachearon, la tiraron al suelo y la dejaron abandonada. El regreso de la patrulla a la Comisaría está registrado a las 04:52. La víctima logró llegar andando hasta la barriada periférica de Alcolea, situada a 12 kilómetros de Córdoba, sobre las 05:30. Allí denunció lo acontecido aquella noche ante otra patrulla de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que la trasladaron hasta el Hospital Universitario Reina Sofía. La mujer negó que hubiera sido víctima de una agresión sexual, aunque sí denunció una agresión.

El tribunal considera que la declaración de la víctima es una "prueba de cargo suficiente" para destruir la presunción de inocencia de los agentes, por lo que condena a cada uno de ellos a tres años de prisión por un delito de detención ilegal. La resolución, además, los obliga a indemnizar a la denunciante con una suma de 6.000 euros, aunque los absuelve de un delito de lesiones.