Tribunales

Comienza la demolición de cinco viviendas ilegales en Obejo

  • Uno de los propietarios ha sufrido una crisis de ansiedad y ha tenido que ser asistido por personal de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061

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Dos máquinas excavadoras han comenzando esta mañana las tareas de demolición de cinco viviendas ilegales ubicadas en la urbanización Pedrique de la localidad cordobesa de Obejo, sobre las que pesaba una orden judicial de derribo. La demolición se produce después de que la Audiencia Provincial de Córdoba confirmase la sentencia del juzgado de lo Penal número uno en la que se condenaba al promotor de cinco viviendas y una piscina a un año y ocho meses de prisión y a demoler lo construido, lo que supone la primera decisión de este tipo que se adopta en la provincia. Sólo una de las cinco casas que serán demolidas es la vivienda habitual de sus propietarios, mientras las otras cuatro son segundas residencias.

Las tareas de demolición, que se prolongarán hasta esta tarde, comenzaron ante la mirada de una decena de propietarios afectados por la orden judicial y custodiadas por una treintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Junta de Andalucía, Guardia Civil y Policía Local de Obejo, una localidad de unos 1.500 habitantes.

El abogado de los cinco propietarios, Rafael Aranda, ha informado a los periodistas de que tienen previsto iniciar acciones legales por un presunto delito de estafa contra el promotor que les vendió las parcelas y que fue condenado por el juzgado. Además, le reclamarán los daños y perjuicios originados por la venta de estas parcelas, que el abogado calcula entre 60.000 y 90.000 euros. El letrado también se refirió al recurso de amparo que los propietarios han presentado ante el Tribunal Constitucional y ha indicado que el daño "ya es irreparable porque las casas se han derribado antes de que se pronuncie el Tribunal". Aranda ha recalcado que evitar este daño irreparable ha motivado que "se le reclamara por activa y por pasiva a la autoridad judicial que paralizase la orden de derribo de las viviendas".

Uno de los propietarios, Fernando Lora, ha dicho a los periodistas que considera injusta la demolición de las viviendas porque "no molestan a nadie" ni suponen una agresión al medio ambiente. Ha recordado que las viviendas tenían agua y luz y que a los propietarios sólo se les ha notificado la orden de derribo porque no se les ha dejado personarse en el proceso judicial contra el promotor que declaró ilegal la construcción de las viviendas.

Otro de los vecinos afectados, Jesús Casas, ha explicado que compraron los terrenos confiando en la futura legalización de la zona teniendo en cuenta la información que le daba el promotor, por lo que se siente estafados y perjudicados al haber invertido un dinero en la construcción de unas casas que ahora se han demolido.

La demolición de las viviendas ha comenzado sin más incidentes que la crisis de ansiedad sufrida por uno de los propietarios, que ha tenido que ser asistido por personal de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061.

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