El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ha instado -en un informe difundido ayer por Radio Córdoba- al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía a que inicien conversaciones con los habitantes de las más de 240 viviendas levantadas, al margen de la normativa y del planeamiento urbanístico previsto para la zona, en el entorno de Medina Azahara.

El informe considera "incuestionable" el espacio protegido, pero sí que cuestiona la actitud del Ayuntamiento pues, de hecho, en el informe se asegura que la construcción de tan alto número de viviendas ilegales en la zona ha sido posible "ante la flagrante pasividad de la Administración municipal, que ha favorecido la consolidación de este núcleo poblacional, contrario al planeamiento establecido".

El teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña, negó ayer tajantemente que el informe asigne responsabilidades exclusivamente al Consistorio. Por contra, manifestó que el documento establece lo que todo el mundo ha hecho mal en determinados momentos para que la situación llegue a ser la que es. "Sí asegura, como ha dicho tantas veces la alcaldesa, que la vía ha de ser el diálogo para establecer procesos compensatorios en los casos de las personas que tienen su primera vivienda en la zona", dijo.

Por otro lado, el informe señala como primer objetivo a cumplir la protección de conjunto arqueológico, a la vez que insta a las administraciones a que cuenten con los parcelistas afectados, ante las posibles consecuencias que tenga la necesaria protección de Medina Azahara, tales como el posible abono de indemnizaciones, ante la opción de eliminar las construcciones ilegales. De hecho, el informe asegura que las viviendas ilegales son "incompatibles con la protección" de Medina Azahara.