La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado en la fiscalización de regularidad de determinadas áreas del Ayuntamiento de Córdoba, referida al ejercicio 2004, que la corporación formalizó operaciones de crédito sin solicitar autorización de la Junta de Andalucía. El importe total de las cuatro operaciones de crédito ascendió a 21,9 millones, según el informe de la Cámara de Cuentas, y para ellas debería haber contado con la autorización de la Administración autonómica al sobrepasar el límite de endeudamiento permitido por ley. También recoge que la organización de la tesorería es adecuada, aunque, en relación con la gestión realizada en 2004, "la circularización bancaria puso de manifiesto la existencia de quince cuentas corrientes que no figuraban en el Estado de Situación de Existencias de Tesorería".

Por tanto, no se consideraron en el cálculo del remanente de tesorería, con un saldo total a 31 de diciembre de 168.000,68 euros. Dichas cuentas, según la Cámara, o bien se utilizaron para la gestión de los anticipos de caja fija, o bien se trataba de cuentas restringidas de recaudación. El objetivo de la actuación de la Cámara de Cuentas se ha limitado al análisis de las áreas de endeudamiento, la gestión de la tesorería, la incidencia que en el remanente de tesorería pudieran tener los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, y la contratación administrativa.

Asimismo, ha verificado la regularidad de la tramitación y el ejercicio fiscalizado, el ayuntamiento tramitó expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos para aprobar gastos anteriores a 2004 que carecían de consignación presupuestaria, por importe de 1.369,51 euros. Asimismo, en 2006, se reconocieron gastos correspondientes a 2004 por una cuantía de, al menos, 1.719,54 euros. Este último importe ha de reducir el remanente de tesorería del ejercicio 2004. El informe indica que en el presupuesto de ingresos se liquidaron derechos a cobrar por importe de 2.235.000 euros, con motivo de unos anticipos de transferencias que el ayuntamiento realizó en favor de su sociedad mercantil Aucorsa, durante el ejercicio 2004.

La liquidación de estos derechos es incorrecta, pues las transferencias otorgadas "no pueden generar en ningún caso ingresos a la entidad que las concede, por tratarse de obligaciones sin contraprestación", por lo que este importe ha de disminuir "tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería". Por otra parte, el procedimiento de contratación administrativa seguido por el Ayuntamiento se ajustó con carácter general a las disposiciones legales que les resultaban de aplicación.

No obstante, se han detectado como incidencias "más significativas en este ámbito la aplicación improcedente del procedimiento negociado sin publicidad, la incorrecta utilización del régimen contractual previsto para los casos de urgencia y la aplicación de las disposiciones de contratación administrativa para tramitar gastos que tenían naturaleza de subvenciones".