El presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, anunció en la mañana de ayer que los servicios jurídicos de la entidad bancaria han interpuesto en los últimos días una querella contra el empresario cordobés Rafael Gómez, propietario de la promotora Arenal 2000, y otra contra el último director general que tuvo la caja durante la presidencia de Miguel Castillejo, Francisco Jurado, a los que acusa de sendos delitos societarios. El máximo mandatario de la caja explicó en ese sentido que las dos querellas se refieren a hechos ocurridos en la anterior etapa de la entidad, antes de que ésta regresase a la tutela de la Junta de Andalucía y antes también de que él mismo llegase a la cúpula de la misma. Los dos presuntos delitos, que han quedado al descubierto en el proceso de auditoría interna que impulsó el actual presidente apenas un mes después de su llegada a este cargo en enero del pasado año, ya se encuentran también en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto una investigación para analizar el alcance de las supuestas irregularidades de Gómez y Jurado, que no están relacionadas.

En concreto, y según las querellas, a la que ha tenido acceso Efe, CajaSur acusa al empresario Rafael Gómez de haber cometido una ilegalidad en 2004 en la empresa Arenal Sur 21, que compartían entonces la caja y el conocido industrial. La entidad financiera precisa en ese sentido que Gómez firmó en ese año un contrato de arrendamiento de servicios con otra empresa intermedia -llamada Miramar 27, según fuentes consultadas por el Día- con el fin de que ésta realizase unos trabajos que CajaSur considera "ficticios o de imposible cumplimiento". El encargo que realizó el constructor cordobés pasaba por que esta compañía realizase una serie de gestiones para que el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Manilva modificase la edificabilidad de unos terrenos que poseía Arenal Sur 21. Aquellos solares, según CajaSur, tenían unos aprovechamientos legales que rondaban los 4.200 metros cuadrados y lo que intentaba Gómez a través de las mediaciones de la compañía, según detalla la querella, es que esa edificabilidad superase los 39.000 metros cuadrados, lo que supondría un 942 por ciento de aumento sobre lo que en principio se establecía, una cota superior al 30 por ciento a la que fija la ley sobre el aumento máximo de dicho aprovechamiento. La denuncia de CajaSur señala por último que los hechos sucedieron en agosto del año 2004.

En esa fecha, y aunque esto no aparece en la denuncia, todavía ocupaba la Alcaldía de Manilva Pedro Tirado (Partido Democrático de Manilva, Pedem), que fue detenido un año después junto a otras 58 personas, entre las que se encontraba un cuñado, en el marco de la operación Ballena Blanca. Tirado fue acusado de prevaricación y cohecho al existir indicios de su participación en hechos relacionados con el tráfico de influencias, adopción de resoluciones injustas a sabiendas y aceptación de dádivas para dictar una determinada resolución. Actualmente, Tirado se encuentra en libertad bajo fianza y pendiente de juicio, que en su caso se ha desgajado del que se seguirá por el caso global de Ballena Blanca. La Fiscalía pide para el ex alcalde dos años de prisión, al igual que para su cuñado.

CajaSur estima en la querella que el encargo de Gómez a la empresa intermediaria en dicha operación de Manilva era "imposible de cumplir" y cifra en un millón de euros el daño económico que le causó aquel hecho a su sociedad mercantil participada. La entidad bancaria le reclama ahora al promotor cordobés un total de 849.000 euros y la misma cantidad a la empresa que actuó de intermediaria en la operación.

En el caso del ex director general de CajaSur Francisco Jurado, la querella subraya que este alto ejecutivo vulneró la normativa interna de la entidad y no respetó los controles en la concesión de algunos créditos. En concreto, la denuncia se refiere a dos créditos otorgados a una empresa que pretendía adquirir suelo sin contar con las garantías necesarias. Además, la entidad bancaria da por hecho que Jurado cobró dos comisiones que suman un montante total de 180.000 euros, que el ex director general percibió, según la querella, a través de una empresa que compartía con su esposa. CajaSur le pide ahora al que fuese uno de sus máximos mandatarios durante la etapa anterior de la caja los 180.000 euros que supuestamente cobró a través de esa comisión irregular. Este diario trató de conocer ayer la opinión de Francisco Jurado sobre la denuncia, aunque éste optó por no pronunciarse.

Francisco Jurado llegó a la dirección general de la entidad bancaria en sustitución de Ildefonso Pastrana y estuvo en el cargo hasta agosto de 2005, pues fue destituido apenas un mes después de que abandonase la presidencia de la caja Miguel Castillejo tras pasar 27 años al frente de la entidad. Jurado vivió como director general momentos de gran tensión entre CajaSur y la Junta, ya que fue el momento en que la caja abandonó la tutela de la Administración autonómica y se puso bajo la del Gobierno central, en el que por entonces estaba el Partido Popular. Jurado estuvo unos meses vinculado a CajaSur tras su cese y luego abandonó de forma definitiva la entidad.