CTA exige la anulación de un contrato municipal por incumplir el convenio

  • El sindicato tomará la vía judicial para denunciar los errores en el proceso de privatización del servicio de señalización

La sección sindical de la Coordinadora de Trabajadores en Andalucía (CTA) en el Ayuntamiento interpondrá una denuncia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por un contrato municipal que consideran no cumplen con el convenio vigente. Según explicó a el Día el responsable del sindicato en el Consistorio, Francisco Moro, se trata de la privatización del servicio de mantenimiento de la señalización vertical, rotulación del viario y del balizamiento, hasta ahora un trabajo que realizaba personal municipal y que ahora se ha concedido a una empresa ajena. Concretamente, lo que CTA denuncia es que durante el proceso de concesión de las labores del servicio no se respetó una cláusula del convenio colectivo que obliga a comunicar al comité de empresa con un mínimo de 15 días cualquier cambio en la gestión, además de un segundo periodo de diez días para consultas y debate. Es decir, la CTA denuncia que el tramité de cesión y privatización de este servicio no se ha llevado a cabo con todas las de la ley. Ayer mismo tuvo lugar una reunión entre los representantes sindicales y los encargados municipales para un acto de conciliación previo a la vía judicial. Dicha conciliación, confirmó Moro, no fue tal ya que según el sindicalista desde el Ayuntamiento se tomó la posición del "no sabe, no contesta", además de comunicarles que no iban a revocar dicha concesión.

El contrato establecido entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria, Api Movilidad S. A., presupuesta la licitación por valor de 800.000 euros anuales durante cuatro años, es decir, un montante total de 3,2 millones de euros. Por su parte, la CTA asegura que si el servicio se llevara a cabo de manera pública sería "tres veces" más barato. Los cálculos del responsable municipal de la CTA arrojan 250.000 euros anuales que en un periodo de cuatro años supondrían una cifra total de un millón de euros.

Desde la central sindical afirmaron que "resulta decepcionante que la supuesta izquierda prometa una serie de actuaciones ante los trabajadores y las organizaciones sindicales, basen sus programas electorales en contra de las privatizaciones" para que, cuando llegue la hora de gobernar, "reproduzca la misma política que la derecha, la de los intereses privados y no la de los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos y no de las empresas privadas".

Por lo tanto, la CTA tomará la vía judicial para denunciar que durante el proceso de concesión del servicio no se ha actuado conforme a lo establecido en el convenio colectivo, en concreto con la cláusula de aviso que en este caso es de obligado cumplimiento. Entre las consecuencias que pudiera haber, el sindicato habla de indemnizaciones a la empresa y a los trabajadores.

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