Córdoba

El Ayuntamiento teme que no va a cobrar nunca la deuda de Gómez

  • Un informe interno asegura que todos los bienes embargados tienen cargas previas y afirma que aún no se ha procedido contra el patrimonio personal del futuro edil

A nivel técnico, el Ayuntamiento de Córdoba ya se teme que el enorme débito que mantienen Arenal 2000 y Rafael Gómez debido a multas urbanísticas y de otra índole no se va a cobrar nunca. La documentación interna del Órgano de Gestión Tributaria (OGT) así como la fiscalización que realiza la Intervención General explica que la situación es tal que no existen bienes "en el término municipal" que cubran los casi 30 millones de euros que suman los distintos expedientes abiertos, el principal de ellos el derivado de la construcción sin licencia de las naves de Colecor por 24,6 millones.

Ambos documentos, que datan del mes de marzo, explican a las claras cuál es el problema. Según Hacienda, a Arenal 2000 se le han embargado de forma preventiva una serie de bienes. El problema es que la carga crediticia y tributaria previa es tal que no se trata de embargos válidos para que sirvan como garantía. Este párrafo del informe de Recaudación es elocuente: "El Ayuntamiento no ostenta el primer rango en el orden de cargas y dada su elevada cuantía lo más probable sería que las subastas resultaran desiertas. Si esto sucede, se iniciaría el proceso de enajenación por venta directa, que también podría quedar desierto. Si al Ayuntamiento le interesa, podría adjudicarse estas fincas pero tendría que hacer frente a las cargas anteriores (elevadas). Si nada de lo anterior ocurre positivamente, habría que levantar los embargos y no habría ningún ingreso".

Dicho en román paladino, el Consistorio ha podido trabar embargos sobre bienes pero el Ayuntamiento no tiene preferencia sino en dos de las propiedades. Recaudación deja constancia en su informe que, una vez rastreados los registros de la propiedad, ya no hay más bienes en el término municipal de Córdoba. Eso implica que, si se produjera la subasta, los primeros en cobrar serían los bancos y cajas que los tienen como garantía y la Administración central del Estado, en caso de débitos tributarios previos. Uno de esos bienes con anotación preventiva son las propias naves de Colecor. En este caso, el Banco Popular y el Ministerio de Hacienda son prioritarios.

Una de las cuestiones a tener en cuenta sobre la multa de Colecor es que se trata de un caso que está vivo en los tribunales de justicia. Rafael Gómez recurrió ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo, que le dio la razón al Ayuntamiento. El empresario y concejal electo de Unión Cordobesa ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que aún tiene que pronunciarse.

Un hecho destacable es que el Ayuntamiento no ha iniciado ninguna iniciativa directa contra Rafael Gómez sino sólo contra la mercantil Arenal 2.000, lo que, en contra de lo que se ha dicho, no impide que cobre íntegro su salario como portavoz municipal o el dinero que se paga por asistencia a Pleno. Según el documento, primero habría que proceder a la subasta de los embargos que se han realizado para garantizar el pago. Posteriormente, si queda deuda viva, se procedería personalmente contra la persona física de Rafael Gómez Sánchez, momento en el que se podría plantear una causa de incompatibilidad como la que establece la Ley Electoral para que los deudores de los ayuntamientos no sean miembros de la corporación municipal. La cuestión es que, técnicamente, Gómez no le debe un euro al Ayuntamiento de Córdoba ya que no se ha iniciado un procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria, nombre concreto de la figura administrativa.

La dificultad de cobro es tal que Recaudación manifiesta su interés, primero, en cobrar deudas más pequeñas (tres expedientes de 2,9 millones, 212.942 y 338.067 euros) antes que iniciar el proceso de la gran sanción de Colecor. El Consistorio ni siquiera ha pedido todavía una valoración de los inmuebles sobre los que tiene trabado un embargo. "A este respecto, se observa que, desde que se inició el expediente de apremio [de las naves] en junio de 2008 no se ha realizado ninguna gestión al respecto no quedando justificado en el informe el motivo del retraso en las actuaciones tendentes al cobro respecto al embargo de estos bienes", dice Intervención en su informe.

Existe un quinto expediente en proceso de cobro contra el mismo deudor que asciende a 2,88 millones de euros. Intervención pregunta cuáles son los pasos a seguir. La respuesta es reveladora. "Ninguno. Se estima conveniente no realizar ningún embargo porque los bienes conocidos de Arenal 2000 tienen unas cargas inviables", dice Gestión Tributaria, que apuesta por cobrar primero los tres expedientes menores y, de resultar algún sobrante, aplicarlo al de las naves de Colecor siempre que no existan "cargas intermedias".

Ha existido un debate económico fuerte dentro de la institución sobre qué hacer con estas dedudas. El gobierno municipal ha optado por provisionar un 33,67%, lo que ha fijado en 21 millones de euros los saldos de dudoso cobro. Intervención asegura que las deudas de Arenal 2.000 deberían haber contado con un tratamiento diferenciado dentro de la contabilidad municipal tanto las que proceden de sanciones urbanísticas como las que vienen del ámbito tributario. "El resto de deudas plantean igualmente dudas razonables acerca de la posibilidad de ser cobradas pues no se acredita en el expediente que la empresa haya realizado ingreso alguno en el Ayuntamiento", explica el servicio municipal de fiscalización. Intervención pidió que la provisión alcanzara la totalidad de las deudas, el 100%, lo que hubiera llevado el déficit municipal de los 32,9 millones declarados a algo más de 50 millones de euros.

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