El Ayuntamiento carece de un listado completo que recoja las parcelaciones que están obligadas a la elaboración de un plan de autoprotección contra incendios, a pesar de que así se lo exige la Junta de Andalucía. La ley que regula la prevención es tajante en este sentido y señala que todos los municipios de la comunidad deben tener una relación de las entidades que precisan este tipo de planes, así como información sobre aquéllas que ya los tienen aprobados y las que están en proceso de tramitación. El Gobierno local acumula casi diez años de retraso para la ejecución de esta especie de censo de núcleos que se ubican en zonas con peligro de incendios, ya que la legislación vigente -Ley de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales- entró en vigor en julio de 1999 y su reglamento en noviembre de 2001.

Las únicas cifras que el Consistorio maneja actualmente son las relativas a las 30 urbanizaciones que tienen ya aprobado su plan de autoprotección y las diez que se encuentran a falta del visto bueno de la Junta. Sin embargo, el Gobierno local es consciente de que hay más núcleos dispersos repartidos por la Sierra y otros lugares de la periferia. A este respecto, el concejal de Seguridad, José Joaquín Cuadra, precisó que efectivos de la Gerencia de Urbanismo y de su propia concejalía están inmersos en esta labor. El edil, que ha sido uno de los principales artífices del impulso a este proceso en el Ayuntamiento tras algunos años paralizado, aludió a la "dificultad" que entraña la redacción de este listado en una ciudad en la que "han proliferado numerosos núcleos, precisamente en la última década, que ha sido cuando ha entrado en vigor la ley".

La carencia de este registro de parcelaciones sale a la luz justo una semana después de que la urbanización de Doña Manuela sufriera un incendio que devastó alrededor de tres hectáreas de terreno y obligó a desalojar a algunas de las familias que residen en este núcleo. Se da además la circunstancia de que Doña Manuela es una de las zonas de la capital que no disponen de un plan de autoprotección contra fuegos, una situación que podría acarrear algún tipo de sanción económica a la parcelación según refleja esta misma norma de ámbito autonómico.

Aunque el Ayuntamiento no está obligado a elaborar los planes de prevención, sí tiene la competencia de promoverlos y ofrecer la información a aquellos ciudadanos que están obligados a tenerlos. Cuadra prefirió no hablar de tiempo perdido al abordar este asunto y sí de "tiempo en el que tenemos que trabajar". A este respecto, el concejal destacó la "importancia" del convenio entre la Junta de Andalucía -que tiene las máximas competencias en este terreno- y el propio Gobierno local, que está presente desde hace poco más de medio año en las sesiones con los responsables de la Delegación Provincial de Medio Ambiente a través de personal de Seguridad y Urbanismo.

El responsable municipal destacó asimismo que la estrecha colaboración que ha existido con la Delegación de Medio Ambiente, presente a través de su delegado, Luis Rey, ha servido para duplicar el número de urbanizaciones que cuentan con el plan de autoprotección al que obliga la Junta. Así, el pasado año fue el propio Cuadra quien defendió su gestión en este sentido al apuntar que ya había 15 parcelaciones con el programa aprobado. Según el edil de Seguridad, el proceso se ha "agilizado" de tal forma que se ha llegado a la treintena de urbanizaciones, a las que podrían sumarse en las próximas semanas otra decena más si la Administración autonómica constata que reúnen los requisitos y pueden actuar.

La complejidad que entraña el listado hace prácticamente imposible que el Gobierno municipal lo acabe en los dos años que le que quedan para el final de la actual corporación. Así lo reconoció el edil de Seguridad, si bien aseguró que el objetivo que se ha marcado es tenerlo terminado "al 90%". El concejal de Seguridad también se refirió a que, antes de que se iniciara el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Junta -un convenio que tiene tres años de duración-, los vecinos "se encontraban con numerosas trabas" para elaborar su plan de autoprotección.

El desbroce de los caminos y los pequeños cortafuegos en la zona perimetral de la parcelación fueron algunas de las trabas a las que se refirió el concejal al detallar las dificultades con las que se encontraban los vecinos de los núcleos que se mostraban interesados en la elaboración del plan. Esta misma legislación recoge también la cuantía de las sanciones a quien incumple la norma, que va desde desde 60 a 450.000 euros en función de la gravedad de la infracción que se cometa.

450.000