Sea porque los tiempos del urbanismo son distintos a los de la política, sea por el déficit estructural que padece el mercado inmobiliario, lo cierto es que el convenio suelo-vivienda que une a la Junta de Andalucía con el Consistorio ha llegado a su fin con más del 75 por ciento de las actuaciones previstas en protección oficial sin ejecutar. El que fue publicitado como el acuerdo institucional más ambicioso entre el Consistorio y la Consejería de Obras Públicas en materia de creación de viviendas asequibles ha pasado por el tamiz de la realidad, que obliga a construir en el suelo que se tiene y con la financiación disponible. Lo cierto es que las diferencias entre las cifras del convenio y lo que se ha desarrollado en la realidad son de mucha relevancia.

Así, el acuerdo establecía la construcción de 6.116 viviendas protegidas nuevas, tanto para los segmentos de compra, alquiler o alojamiento. La evaluación que realiza la Consejería de Obras Públicas afirma que, en el periodo de vigencia del convenio, se han levantado en Córdoba 574 pisos protegidos de alquiler y 889 de compra-venta, lo que hace un total de 1.463 viviendas. Las cifras oficiales son al cierre de 2006 aunque hay que precisar que durante 2007 no se entregó ninguna promoción pública.

Una parte de las piezas a desarrollar en virtud de este convenio se encontraban en suelo urbano directo, por lo que no era necesario esperar al desarrollo de los distintos barrios nuevos que se establecen en el Plan General de Ordenación Urbana. Otras precisaban de labores previas de urbanización de terrenos, que se están desarrollando en algunos casos en medio del parón del sector inmobiliario, que no tiene ahora las prisas de antaño por sacar al mercado nuevas promociones.

De las 2.256 viviendas de alquiler previstas en el convenio, cuya construcción se calificaba de "inmediata", se han desarrollado 574, en torno a una cuarta parte. Pese a ser una cantidad relativamente baja, se trata de una modalidad en alza por parte de las empresas de vivienda puesto que generan activos para las promotoras públicas, empresas que tradicionalmente han vendido lo que construían. El objetivo municipal es incrementar aún más el porcentaje de pisos de alquiler de forma que sea la mitad de la producción anual que desarrolla la empresa Vimcorsa.

En régimen de venta, se han levantado 889 de las 3.860 viviendas previstas en convenio. El acuerdo establecía que el Consistorio llevaría a cabo estas residencias, con financiación de la Junta, por medio de su propia empresa -Vimcorsa- o mediante concursos públicos de suelo. Sólo la promotora municipal ha desarrollado esta actividad sobre patrimonio público. El Consistorio -que sí ha vendido activos de renta libre- no ha realizado sorteos de terrenos entre las empresas privadas a pesar de que se establecían específicamente en el acuerdo. El año pasado se firmó el Pacto por la Vivienda que establece un primer paquete suelo para 2.000 pisos que se desarrollarán por la iniciativa privada.

De los planes urbanísticos previstos para dotar a la ciudad de bolsas de VPO (con una capacidad de 11.000 viviendas), ninguno de ellos se encuentra en proceso de urbanización. El más avanzado es el de Huerta de Santa Isabel Este y Oeste, donde han aparecido unos relevantes restos arqueológicos de época califal.