Aguilar desvincula al Consistorio de la demolición de la vivienda

  • La alcaldesa obvia que la orden de derribo partió de Urbanismo durante el anterior mandato

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El Ayuntamiento ha tomado la estrategia de intentar desvincularse de sus propios actos y negar la evidencia de la documentación. Desde el primer momento en que se conoció el derribo del Cerro San Cristóbal, y la alcaldesa volvió a repetirlo ayer, Rosa Aguilar ha mantenido una distancia sideral sobre la responsabilidad de la demolición. La tesis oficial, que se mantiene entre los miembros del gobierno de la ciudad que pertenecen a Izquierda Unida, es que la decisión de echar la primera parcela al suelo corresponde en exclusiva a los tribunales de Justicia.

Aguilar dijo ayer, según Europa Press, que "el Ayuntamiento no tiene nada que ver" con la sentencia de derribo del chalé ilegal que se inició el martes en la sierra cordobesa y que la Administración local se ha encargado de ejecutar el fallo judicial. Obvia la regidora que el derribo fue decretado por el actual teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña, durante el mandato anterior, que le dio la posibilidad a la propietaria a que lo derribara por sus propios medios. Al no hacer caso a esta orden, la Gerencia contrató a una empresa de demoliciones para el desarrollo de esta actuación. Los costes de este contrato, 30.000 euros, se le facturarán a la dueña de la vivienda.

Los tribunales de Justicia se han pronunciado sobre este asunto por la vía contencioso-administrativa. La intervención del juzgado de lo Penal número tres fue clara: condenó al constructor de la casa (no a los propietarios) y dejó la orden de derribo en manos del Ayuntamiento. La Gerencia de Urbanismo decidió demoler y esta medida fue recurrida por la vía contencioso-administrativa, que fue ratificada hasta en dos ocasiones diferentes.

Este mismo argumentario fue repetido por el portavoz municipal de Izquierda Unida, Francisco Tejada, el pasado viernes. El segundo teniente de alcalde atribuyó a la Justicia la decisión última del derribo, una versión que no se corresponde con la realidad y que se ha desmentido desde distintos ámbitos judiciales.

Este análisis de los hechos contrasta con las intervenciones que se han realizado desde el Partido Socialista, el otro socio del gobierno municipal. Su portavoz, Rafael Blanco, aplaudió directamente la medida de derribo adoptada. El grupo municipal del Partido Popular ha guardado un discreto silencio sobre esta cuestión.

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