Sociedad

La Justicia vaticana abre el juicio por la filtración de documentos secretos

  • El sacerdote español Vallejo Balda se sienta en el banquillo junto a otros cuatro imputados, entre ellos los autores de los libros donde se publicaron los documentos.

El tribunal del Vaticano abrió juicio contra los cinco imputados por filtración y divulgación de documentos secretos en el caso conocido como Vatileaks2 y todo indica que podría ser un proceso rápido. En el banquillo de la sala, presidida por el juez del Tribunal vaticano Giuseppe Dalla Torre, se sentaron el sacerdote español Lucio Vallejo Balda, la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, el ex colaborador del monseñor Nicola Maio y los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores de los libros donde se publicaron los documentos filtrados.

En esta primera audiencia quedó patente por parte de Dalla Torre que el juicio debe proseguir y será rápido. A los dos periodistas y Maio se les comunicó el pasado sábado los cargos por los que están acusados y han tenido sólo unos pocos días para buscarse un abogado de los autorizados por el Vaticano. Mientras, Vallejo Balda, el sacerdote que fue secretario de la Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de donde se filtraron la mayor parte de los documentos, conoció a su abogada justo en la apertura del proceso. La primera audiencia comenzó a las 10:34 en la única sala para juicios que existe en el Vaticano, en el interior de las oficinas judiciales de la Santa Sede, y concluyó una hora y 45 minutos más tarde.

Durante esta primera vista, la abogada de Vallejo, Emanuela Bellardini, pidió tener más tiempo para preparar su defensa después de que la letrada indicara que el caso le había sido asignado de oficio este mismo martes. Pero el juez Dalla Torre rechazó la petición de la abogada al explicar que si un acusado se presenta sin abogado el juicio continúa, y que además tiene hasta el próximo 28 de noviembre para presentar sus pruebas y la lista de testigos.

Al inicio de la audiencia, Fittipaldi, autor de Avarizia, manifestó ante el tribunal su incredulidad por las imputaciones y por estar ante un tribunal que no es de su país y en el que no se contempla la libertad de prensa y pidió que se declare nula su imputación al no especificare en el auto el tipo de delito que ha cometido, ni los documentos por los que se les acusa.

A la petición del periodista contestó el promotor (fiscal) adjunto del Vaticano, Roberto Zannotti, que afirmó que en la formulación de los cargos está específicamente el delito del que se le acusa, donde se "describen los actos de presión ilícitos realizados" para obtener la información, y sobre los documentos afirmó que son los mismos que se puede consultar en sus libros. Tras 40 minutos de reunión entre el presidente del Tribunal y los jueces adjuntos, Piero Antonio Bonnet y Paolo Papanti Pelletier, se decidió también rechazar la petición por parte de Fittipaldi de anular su enjuiciamiento al considerar que los delitos están "indicados de manera suficiente".

Vallejo, por su parte, se declaró "sereno y tranquilo" a los periodistas que pudieron seguir esta primera sesión porque en el Vaticano, donde se le trata "muy bien", se siente "protegido". Además, el sacerdote español, que permanece en el Vaticano desde su detención el pasado 1 de noviembre, explicó a la prensa que ha sabido que la intención es que el juicio "se acabe lo más pronto posible". "El papa quiere que esto termine pronto", dijo Vallejo a los periodistas.

El juez Dalla Torre indicó que el próximo lunes, 30 de noviembre, comenzarán los interrogatorios a los imputados y el primero será Vallejo Valda, seguido de Chaouqui, Maio y después los periodistas. Por el momento, el calendario de las audiencias prevé que se celebren mañana y tarde durante toda la próxima semana.

Sobre los imputados pesan los cargos de filtración y publicación de documentos reservados de la Santa Sede, y el sacerdote español, Chaouqui y Maio están acusados además de asociación para la divulgación de estos documentos. En concreto, están acusados de violar el artículo 116 bis, introducido por el papa Francisco en 2013, y que contempla el delito de "procurarse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación". El Código de Derecho Canónico pena este delito con entre seis meses y dos años de prisión o la multa de 1.000 a 5.000 euros. En el caso de que estas noticias o documentos fueran de "interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión".

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