Las carencias del Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) del Sistema Nacional de Salud lo convierten en una de las áreas asistenciales donde mayor es el riesgo para la seguridad de los pacientes y donde, debido a su saturación, aumenta el riesgo de error humano y de morbilidad y mortalidad. Lo pone de manifiesto el informe Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes, presentado por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y elaborado junto con los defensores del pueblo de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Navarra.

Becerril ha asegurado que los usuarios valoran estos servicios sanitarios, que suponen, ha dicho en la rueda de prensa, "un pilar fundamental" en el Estado del Bienestar, tras lo que ha añadido que deben mejorar en varios aspectos, como aumentar el número de profesionales y mejorar y habilitar los espacios.

En el estudio se asegura que, pese a los avances de las últimas décadas, las urgencias hospitalarias siguen presentado "inadecuaciones", algunas de ellas tan serias como que médicos residentes "asuman un grado excesivo de responsabilidad". Exigen "la presencia y suficiencia de profesionales adecuados" en todas las franjas horarias e insisten en la "excesiva dependencia" que hay en Urgencias de los residentes. Se calcula que entre un el 30 y el 40 por ciento de los trabajos en Urgencias los desempeñan los residentes. Ante esta situación y "atendiendo a la importancia" que tienen estos servicios, los defensores reclaman "la definición de una especialidad médica y de enfermería de urgencias y emergencias", que forme específicamente a estos profesionales y delimite sus competencias clínicas.

Los defensores consideran, además un "fracaso del sistema" la atención en Urgencias a pacientes en fase terminal porque "no resulta posible garantizarles una muerte digna y preservar el duelo de familiares y allegados". Alertan, en este sentido, de la "insuficiente" formación de los profesionales sanitarios sobre los aspectos éticos relacionados con la autonomía de la voluntad de las personas y aseguran que el consentimiento del paciente no siempre está precedido de la información necesaria.

El informe también denuncia la "repetición de situaciones de saturación" en Urgencias y critica que, tras una primera atención y a la espera de ser hospitalizados, se ubique a los pacientes en dependencias del propio Servicio, lo que "perturba la gestión del servicio" e impide que al enfermo se le facilite la atención que requiere. Por ello, reclaman un "uso generalizado y homologable" de los métodos de triaje -evaluación rápida que permite dar prioridad a quien necesita una atención urgente- con el fin de mejorar la planificación y la calidad de las urgencias.

Además, la compatibilidad de los sistemas informáticos de todos los servicios sanitarios y añaden que los esfuerzos que realizan las comunidades autónomas deben ir acompañados de herramientas eficaces de coordinación, cuyo impulso, advierten, "corresponde a la Administración General del Estado". Por las condiciones de trabajo de las Urgencias, los defensores los consideran "entornos de riesgo por estrés laboral" y denuncian la falta de herramientas para limitar estos riesgos. Consideran también que las Urgencias deben contar con más trabajadores sociales expertos en la atención a personas en situación vulnerable.

También denuncian la falta de garantía de la privacidad y la intimidad de los pacientes que muchas veces se produce en Urgencias. De hecho, resaltan que los ciudadanos reclaman que se les menoscaba la personalidad y dignidad humanas a causa de la saturación de estos servicios al permanecer en camillas y en los pasillos. Además, cuando fallece un enfermo lo hace en presencia de otros. Creen necesario un mayor ajuste entre Urgencias y el resto de servicios sanitarios para la optimización de las listas de espera, las demandas de hospitalización y la gestión de camas.

Becerril ha apuntado que si los centros de salud estuvieran abiertos en horarios más extensos habría menos ingresos en Urgencias. Los defensores del pueblo advierten en el informe de que se asume "una significativa incidencia de efectos adversos" en los servicios de Urgencias "evitables en buena parte".

En cuanto a la atención a los inmigrantes en situación irregular, recuerdan que tienen derecho a ser atendidos en Urgencias, algo que indican que está garantizado, pero consideran que su derecho no finaliza con el alta de urgencia, sino con el "alta médica", de manera que "la asistencia debe prolongarse hasta la resolución del problema de salud que dio lugar a la urgencia" También aconseja que las personas "especialmente frágiles", como menores en edad pediátrica o personas con enfermedad mental, entre otras, puedan estar acompañadas por un familiar o allegado durante su estancia.