Los inmigrantes irregulares pueden suscribir convenios para recibir asistencia sanitaria, con una contraprestación económica de entre 710,40 euros y 1.864,80 euros anuales en función de si son mayores o menores de 65 años, pero no cubrirán los medicamentos. Así lo ha asegurado el responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, tras finalizar el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han acordado los requisitos básicos de esas pólizas. La titular de Sanidad, Ana Mato, de forma inusual, no ha comparecido en rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados al término de la reunión.

Los convenios a los que se ha dado luz verde no cubrirán la prestación farmacéutica, según ha asegurado Echániz. Además de los sin papeles, a los que se retiró la tarjeta sanitaria el pasado 1 de septiembre, pueden suscribirlos los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros (rentistas) y los europeos que voluntariamente quieran. Con ello, según explicó antes de comenzar el Consejo la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, se pone fin al llamado turismo sanitario. Los titulares de las pólizas podrán acceder a la cartera básica de servicios por el periodo de tiempo determinado en las mismas. Se trata de un acuerdo de mínimos, según ha asegurado Echániz, ya que las comunidades podrán establecer una cuota mayor si así lo deciden, pero nunca menor.

El Consejo Interterritorial de Salud ha acordado también la creación de la Red de Agencias de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que será la encargada de evaluar la nueva cartera básica de servicios del SNS. Este organismo, según ha informado el Ministerio en una nota, será "una pieza clave" en la actualización permanente de la cartera de servicios para incluir los avances tecnológicos que hayan demostrado seguridad, eficacia y eficiencia. La Red colaborará en la detección de tecnologías y prestaciones emergentes y en las que pudieran ser obsoletas, así como en la elaboración y actualización de guías de práctica clínica. Los responsables del Gobierno han presentado a los consejeros autonómicos los presupuestos del Ministerio para 2013, unas cuentas "austeras", pero "comprometidas con las personas y las políticas sociales", ha subrayado Farjas. El Consejo ha designado seis vocales, en representación de las comunidades autónomas, en el Comité de Bioética, lo que ha sido criticado por la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, quien ha calificado de "conservadora" y "acorde con la ideología del Gobierno" la nueva composición de este órgano.

Se ha acordado, asimismo, el sistema de identificación clínica de los casos especiales a los que se garantiza la asistencia sanitaria pública, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.

Los responsables del Ministerio y de las CCAA han estudiado también el informe sanitario sobre violencia de género correspondiente a 2010. Según ha informado Sanidad, se trata de una iniciativa relevante, pues los profesionales sanitarios son, en muchas ocasiones, el primer punto de contacto con las mujeres que sufren este tipo de violencia, por lo que constituyen "una herramienta privilegiada" para la detección precoz y la prevención de estos casos. El informe recoge indicadores epidemiológicos y de formación de profesionales e incluye un análisis sobre políticas públicas sanitarias destinadas a los grupos más vulnerables, como los hijos menores de mujeres maltratadas, las embarazadas, inmigrantes o quienes estén inmersas en las redes de trata.

También se ha dado también el pistoletazo de salida, según ha señalado Farjas, a la elaboración del Libro Blanco de las profesiones sanitarias, pilotado por la Universidad Rey Juan Carlos, que permitirá el próximo verano tener desarrollado el nuevo modelo retributivo y de categorías profesionales. Los consejeros han estudiado, además, un proyecto de Real Decreto sobre el acceso excepcional al título de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, que fija en el próximo 31 de marzo de 2013 la fecha para la última prueba para el acceso extraordinario al título de esta especialidad. El Consejo ha dado también luz verde al proyecto por el que se regula el procedimiento de autorización para la promoción y la publicidad de la donación de células y tejidos, que tiene como objetivo preservar el carácter altruista y voluntario del actual modelo. También se han aprobado protocolos clínicos sobre hemofilia, mujeres con endometriosis y sensibilidad química múltiple.