Las normativas estatales o regionales que restringen los horarios y períodos de apertura de las farmacias no son contrarias a los principios comunitarios de libre competencia y de libre prestación de servicios, según ha concluido este jueves un abogado general del Tribunal de Justicia de la UE.

El jurista Niilo Jääskinen se ha pronunciado así sobre el caso de una farmacia italiana que pidió renunciar al período de vacaciones establecido por ley para ampliar sus días y horarios de apertura, solicitud que fue rechazada por las autoridades competentes.

La farmacia, ubicada en el centro de Roma, pretendía abrir durante el período estival debido al incremento considerable del número de clientes, y pidió la exención de cierre en esta época, así como de las vacaciones fijadas para todo el año, para poder ampliar sus horarios de apertura semanal y tampoco cerrar los días festivos.

Las solicitudes de la farmacia fueron desestimadas en varias ocasiones por las autoridades competentes, por lo que su propietaria llevó el caso a un tribunal italiano, que a su vez consultó al Tribunal de Justicia de la UE sobre varias cuestiones prejudiciales.

En particular, la jurisdicción pidió aclarar si la legislación regional en causa es compatible con los principios comunitarios de libre competencia y de libre prestación de servicios, según un comunicado del tribunal.

El abogado general ha concluido ahora que la libre prestación de servicios no se opone a la normativa local en cuestión, que restringe las modalidades de apertura diaria, semanal y anual de las farmacias en una situación geográfica determinada.

La ley regional prevé que en el caso de oficinas situadas en zonas municipales específicas, todas estas disposiciones pueden modificarse mediante decisión de la autoridades locales, con el acuerdo de representantes del sector farmacéutico.

El letrado considera que durante los períodos de cierre obligatorio, tal restricción no constituye una discriminación por razón de la nacionalidad, ya que cualquier persona puede utilizar las demás farmacias abiertas o de guardia.

Además, descarta que la normativa se oponga al principio de libre competencia por favorecer los acuerdos o decisiones entre empresas, al considerar que la consulta de las asociaciones farmacéuticas prevista en la ley regional obedece a la necesidad de organizar los servicios de guardia entre las farmacias.

Las conclusiones de los abogados generales del Tribunal de Luxemburgo no vinculan a la corte de justicia en su sentencia posterior.