El Boletín Oficial del Estado publica este jueves la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como Ley del Aborto, que entrará en vigor dentro de cuatro meses a partir del día siguiente de su publicación.

Esta ley sustituye a la actual legislación, vigente desde 1985 y que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.

La nueva ley sitúa la mayoría de edad para interrumpir el embarazo en los 16 años, permite el aborto libre dentro de las primeras catorce semanas de gestación, a petición de la embarazada, y establece que podrá interrumpirse el embarazo hasta las 22 semanas si existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto. Además, señala que al menos uno de los padres o tutores legales de las chicas de 16 y 17 años deberá ser informado de su decisión de abortar, salvo cuando este hecho le produzca un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos.

La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma.

El Senado aprobó definitivamente la ley el pasado 24 de febrero -por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención-, tras cinco meses de tramitación.

El debate sobre la regulación del aborto resurgió a finales de 2007, después de que se conocieran casos de interrupciones de embarazos muy avanzados practicados en clínicas privadas de Barcelona y Madrid.

A partir de ahí, distintas organizaciones sociales propusieron revisar la ley, aunque desde posturas opuestas: unos a favor de incluir restricciones y otros partidarios de una ley de plazos que estableciera el aborto libre y gratuito en las primeras semanas de embarazo.

El Gobierno aprobó el anteproyecto de la nueva ley el 14 de mayo de 2009 y tras el informe del Consejo de Estado que confirmó su constitucionalidad, cuatro meses después aprobó el proyecto de ley, que superó el primer trámite parlamentario el 26 de noviembre, cuando el pleno del Congreso de los Diputados rechazó -con 183 votos en contra y 162 a favor- las cinco enmiendas a la totalidad que se habían presentado.

Una enmienda acordada entre el PSOE y el PNV introducida posteriormente establece la obligación de las jóvenes de informar a sus progenitores, excepto en casos en los que pueda suponerles "violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos".

El Pleno del Congreso aprobó el proyecto el 17 de diciembre de 2009, con 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención.

El 29 de diciembre de 2009 llegó al Senado, donde, el 17 de febrero de 2010 la Comisión de Igualdad rechazó las tres enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y un senador de Unió Democrática de Catalunya, y una semana después el pleno la aprobó definitivamente.