Drogodependencias

El apoyo social funciona mejor que la represión

  • Asociaciones defienden políticas de drogas no represivas que apuesten por los derechos humanos.

El pasado jueves se celebró en todo el mundo el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Numerosas organizaciones sociales y ciudadanas que trabajan en el ámbito de las drogodependencias y los servicios sociales han promovido una campaña para reivindicar a los gobiernos una política de drogas no represiva que apueste por los derechos humanos. La campaña lanzada con el eslogan 'Apoye, no castigue', aboga por crear conciencia sobre los daños causados por la criminalización de las personas que usan drogas. La campaña apuesta por cambios en las leyes y las políticas que impiden el acceso a las intervenciones de reducción de daños, y promover el respeto por los derechos humanos de las personas que usan drogas.

La Federación Andaluza Enlace se suma a esta campaña internacional centrando sus reivindicaciones en los efectos negativos que puede tener para las personas con problemas de drogodependencias la reforma del Código Penal, a punto de ser aprobada por las cámaras legislativas. Como principal red asociativa de Andalucía, compuesta por 108 entidades, Enlace conoce la realidad cotidiana del consumo de drogas y las necesidades actuales de las personas afectadas. Por ello, reclama que se escuche y tenga en cuenta su opinión a la hora de encontrar soluciones eficaces. De este modo, según expresan en un comunicado, las personas que integran Enlace apuestan por las "alternativas a la prisión de contenido resocializador, por su rentabilidad social, al evitar la reincidencia, y su rentabilidad económica, al implicar menores costes".

Por ello anima a los responsables políticos a conocer y asumir las propuestas que ha elaborado junto a la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente al Proyecto de Reforma del Código Penal, basadas en su experiencia de más de 20 años trabajando en el ámbito de las adicciones y la exclusión social. Algunas de estas propuestas pasan por solicitar que no se endurezca el castigo para los delitos patrimoniales, como robos y hurtos, ya que éstos no han crecido en los últimos tiempos. "Aumentar el castigo a las personas con problemas de adicciones por estos delitos sólo contribuirá a dificultarles el acceso a terapias alternativas a la cárcel", indican.

Además consideran que las penas y medidas alternativas a la prisión están dando buenos resultados, por ello, el Código Penal no necesita modificaciones que vengan a restringir la normativa vigente, que permite, entre otros, la suspensión de la pena para personas drogodependientes que han finalizado con éxito el proceso y se han rehabilitado. Por el contrario, lo ideal sería que se flexibilizaran las medidas ya existentes y se incorporaran otras que son bien conocidas en países de nuestro entorno y acumulan buenos resultados.Además, desde enlace consideran que internar a una persona en un centro de deshabituación no debe exceder el plazo de dos años, con una posible prórroga de 12 meses más, en caso de ser estrictamente necesario. Por otro lado, valoran de forma positiva que se introduzca la figura de la mediación y solicitamos que se implante como circunstancia atenuante, junto a la de reparación del daño.

En 2013, Enlace y sus 108 entidades socias atendieron a unas 30.000 personas con problemas de adicciones, el 26% mujeres. Casi la mitad sólo cuenta con estudios primarios y la gran mayoría están estudiando o en paro. El 24% presenta enfermedades asociadas y el 30% tiene problemas penales. La droga principal de consumo sigue siendo la heroína (14%), seguida de la cocaína (11%) y el alcohol (10%). Por otro lado, es significativo que el 50% de las mujeres atendidas lo sea por su adicción a los psicofármacos.

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