Con motivo de la celebración del XXV Aniversario del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), quisiera reflexionar sobre la importancia que su puesta en marcha ha tenido para Andalucía, ya que como primer consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía tuve la enorme suerte de firmar la Ley de creación del Consejo (Ley 4/1983, de 27 de junio) junto al primer presidente de la Junta, Rafael Escudero.

En el momento de su gestación, como organismo de diálogo social entre los agentes económicos y sociales y entre éstos y la Administración autonómica, la transferencia a la Comunidad Autónoma andaluza de las funciones ejecutivas en materia laboral -realizada en cumplimiento del artículo 149.1.17 de la Constitución Española- suponía la transmisión de importantes competencias y facultades en materia de relaciones laborales, que incluían la facultad de organizar, dirigir y tutelar los servicios correspondientes, así como la de dictar normas propias para la organización de los referidos servicios y de las instituciones de autogobierno necesarios para tal efecto.

La creación de un Consejo de Relaciones Laborales respondía también a las directrices internacionales de la época sobre el sistema general de la Administración de Trabajo. Así, dentro del respeto más estricto a la autonomía de las organizaciones empresariales y sindicatos de trabajadores, se establecieron procedimientos para garantizar la consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, que el artículo 5 del Convenio número 150 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1978 garantizaba, tanto a nivel nacional como regional y local.

Los cometidos que la Comunidad Autónoma andaluza asumía hace 25 años con la puesta en marcha del CARL eran la incitación al buen funcionamiento de las relaciones laborales y, muy en particular, de la negociación colectiva entre los interlocutores sociales, teniendo en cuenta el marco económico y social regional en el que se desarrollan. Es decir, mantener las divergencias y desacuerdos y los elementos de cooperación y de acuerdo -propios de una sociedad pluralista- en sus justas proporciones, reducir los conflictos a límites razonables y fomentar en lo posible los acuerdos, respetando siempre los principios constitucionales y la legislación laboral vigente.

A lo largo de estos años, el CARL ha conseguido desarrollar con éxito su papel como tercero e intermediador de los conflictos laborales, basado en la acepción de éste como catalizador de acuerdos por las partes en conflicto. Ello, gracias al prestigio del organismo y de sus mediadores y mediante la creación de un marco de confianza, basado en la independencia, seriedad, neutralidad y responsabilidad, nacido de la existencia de un diálogo permanente en el seno del Consejo.

Por otra parte, la no integración del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en el Consejo Económico y Social de Andalucía (creado por la Ley 5/1997) favoreció una más rápida y amplia dedicación por parte del CARL a los temas de conciliación y arbitraje, así como a la búsqueda de cualquier otra solución extrajudicial de conflictos laborales. Hoy se ha culminado una trayectoria impecable, tanto en el campo de la formación de los operadores jurídicos que intervienen en las relaciones laborales como en el fomento de una más racional y articulada estructura de la negociación colectiva, perfeccionando y desarrollando sus contenidos, y, finalmente, en el afianzamiento y perfeccionamiento de los sistemas de solución extrajudicial de conflictos laborales (Sercla).

Por ello, es necesario poner en valor el papel de todos aquellos que han integrado e integran el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, empezando por quienes lo han encabezado, especialmente su primer presidente, Miguel Rodríguez-Piñero, y su presidenta actual, Mercedes Rodríguez-Piñero. Ello, sin excluir la magnífica labor de los representantes de los agentes económicos y sociales andaluces. El trabajo incansable y constante de todos ha conseguido una mejora sustancial de nuestro sistema de relaciones laborales, contribuyendo al diálogo social entre los interlocutores sociales, y su promoción de la paz social ha impulsado, entre otras causas, el desarrollo económico y social de Andalucía.

Como presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, quisiera expresar a todos ellos, en mi nombre y en el del organismo que presido, mi más sincera felicitación.