Las sospechas sobre la gestión del urbanismo municipal en Fuente Palmera en la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI sigue generando expectación. Así, el Pleno de la Colonia ha aprobado el expediente para poder regularizar distintas unidades del casco urbano cuyos espacios para dotaciones -zonas verdes y servicios- no se contemplaron o incluso se vendieron para otros fines -como vivienda-. Esta aprobación inicial contó con el voto favorable de PSOE, Olivo e IU, mientras que el PP se abstuvo en la votación.

El posicionamiento de los grupos se justifica en un informe encargado por el Ayuntamiento colono en el que se recoge cómo regularizar esos suelos, un estudio con apreciaciones sobre la situación legal de las actuaciones. De hecho, uno de los subgrupos es el que está formado por unidades de ejecución "que han entrado en carga haciendo caso omiso a la ordenación establecida, consolidando edificaciones o privatizando reservas de equipamientos y espacios libres". El texto añade que estos suelos se han desarrollado "al margen de la legalidad urbanística, encontrándose las edificaciones plenamente consolidadas". En otro de los párrafos, los redactores se refieren a estos terrenos que faltan como "suelos dotacionales usurpados".

En cuanto a la solución propuesta, consiste en agrupar todos esos terrenos que deberían haber sido dotacionales -3.208 metros cuadrados- y reubicarlas en otro sector, "restableciendo el equilibrio dotacional perdido".

El grupo que más ha alzado la voz con este asunto ha sido el de Izquierda Unida, cuyo portavoz, Manuel Ruda, ha señalado a El Día que "nuestra visión es que ese informe recoge hechos gravísimos, que ratifican la política que en aquellos años desarrolló en el plano urbanístico y contable el PSOE y su alcalde en aquel tiempo, Antonio Guisado". Ruda recordó que Guisado está relacionado con varias causas por asuntos urbanísticos y reiteró que "hechos como los que recogen este informe, que lo ha solicitado el propio Ayuntamiento, no se pueden olvidar, por lo que la Fiscalía tiene que conocer estos hechos y que luego decida qué hacer". Ruda apuntó que su voto afirmativo estaba condicionado precisamente a que se remita al fiscal toda la documentación de este informe. El edil dijo que en caso de que el Pleno no actúe en este sentido "estudiaremos si lo remitimos nosotros, aunque la Corporación no puede mirar para otro lado".

En cuanto a la posición del alcalde de Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández (PSOE), dijo que "está siendo miedoso" con este asunto y aventuró que "da la sensación de que está recibiendo presiones de su propio partido para que esto no se airee en exceso". En cuanto a los trámites a seguir a partir de ahora, el portavoz de la coalición de izquierdas explicó que tras un periodo de exposición al público, el asunto volverá de nuevo al Pleno, que deberá elevar la modificación de las Normas Subsidiarias a la Comisión Provincial de Ordenación de Ordenación del Territorio y al Consejo Consultivo, ambos dependientes de la Junta.

Al margen de las actuaciones judiciales, el portavoz de la coalición recordó que "para nosotros tiene gran valor el hecho de que se pueda solucionar este asunto" y recordó que esos terrenos "usurpados" se recuperarán en la zona Oeste del casco urbano de Fuente Palmera, en el entorno de la carretera de Palma del Río.

Mientras, Juan Antonio Fernández precisó que "no voy a entrar a valorar lo que dice el informe, porque la realidad es la que es; lo que está claro que estamos intentando buscar soluciones y que con esta aprobación inicial casi cerramos el círculo de los problemas urbanísticos de Fuente Palmera". El alcalde no quiso referirse a la gestión de otros regidores colonos e insistió en que "nosotros no miramos al pasado, sino al futuro". También recordó que el PGOU de la localidad "ya recoge la reubicación de estos terrenos, un dato muy importante" y comentó que "llevamos más de un año trabajando" para solucionar esta problemática.