El 93,3% de los municipios de la provincia, lo que se traduce en 70 de un total de 75, han aprobado ya en sus respectivos plenos municipales, de manera provisional, las ordenanzas que regulan el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Esta cifra supone que el 97,1% de la población cordobesa se beneficia ya de este mecanismo que tendrá ámbito municipal y será gestionando por cada Ayuntamiento de forma independiente.

El delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, Francisco García Delgado, recordó ayer que los registros de demandantes son una herramienta clave de la recién aprobada Ley del Derecho a la Vivienda para conocer las necesidades de VPO en cada uno de los municipios. García elogió el "gran esfuerzo que están realizando todos los ayuntamientos para la puesta en marcha de los registros", un mecanismo al que calificó de "objetivo y justo" para la adjudicación de viviendas. El delegado consideró además que este mecanismo posibilitará la creación de una oferta de inmuebles que responda "de forma veraz" a los niveles de renta de los solicitantes, así como a sus preferencias de ubicación, características y tipología de las viviendas.

Hasta el momento, en toda Andalucía un total de 713 ayuntamientos ya han aprobado inicialmente en pleno las bases reguladoras de sus registros municipales de demandantes de VPO. La suma total de estos municipios, entre los que se encuentran las ocho capitales de provincia y la mayoría de las ciudades grandes y medias de Andalucía, permite alcanzar al 95,8% de la población andaluza.

El 70% de los registros municipales de demandantes de VPO valorados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio seleccionará a los futuros adjudicatarios de inmuebles protegidos mediante el sistema de baremación, lo que implica que se implantará en 448 de los 640 municipios informados. La Junta aclaró que la baremación elimina la arbitrariedad derivada de los sorteos indiscriminados y establece la clasificación y el orden de los demandantes en función de la puntuación obtenida en los diferentes indicadores que miden la demanda, como los de ingresos o la composición familiar.