El titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Puente Genil tiene ya sobre su mesa varios recursos con los que la decena de imputados -el alcalde y concejales de IU, PSOE, PP y PA- por el caso del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil pretenden que el juez archive las diligencias y de por finiquitado este asunto. Esta ha sido la respuesta al auto del magistrado de fecha 4 de noviembre por el que se mantiene la imputación de los diez concejales y un arquitecto del instituto armado, a los que acusa de un delito contra la ordenación del territorio. Mientras, el juez imputa al arquitecto un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios y al constructor otro de tráfico de influencias.

El caso parte de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, que en abril de 2005 concedió licencia de obras para un nuevo cuartel de la Guardia Civil cuando los terrenos aún eran rústicos en el polígono de Las Flores. Tras una investigación de la Policía Judicial, se imputó por este asunto alcalde de la ciudad, Manuel Baena (IU) y a los entonces concejales Alberto Gómez (IU), José María Campos (IU), José Luis Borrego (PA), Francisco Esojo (PSOE), Andrés Pérez (PSOE), José Barrios (PSOE), Francisco Velasco (PP), Asunción Gallego (IU) y Juan Perales (IU).

En varios de los recursos, a los que ha tenido acceso El Día, se precisa que en al auto del juez del 4 de noviembre no se especifica en ninguno de los apartados que los terrenos en los que actualmente se levanta el nuevo cuartel son legales tras una modificación que fue aprobada por la Junta de Andalucía. Además, uno de los recursos va más allá y señala que la omisión de que los suelos del acuartelamiento ya están regularizados "resulta de especial gravedad" e insiste en que los miembros de la Comisión de Urbanismo de Puente Genil actuaron "en la creencia, justificada a posteriori, de que la modificación del PGOU permitiría la construcción legalizada de la edificación". La defensa de los concejales asegura además sobre el auto recurrido que "debe dejarse sin efecto lo acordado en el mismo, reformándolo y decretando el archivo de las actuaciones" al considerar que los hechos no son constitutivos de delito alguno. Igualmente, el recurso deja claro que el derecho penal "está reservado para corregir las transgresiones graves que merezcan un reproche de esta naturaleza, no pudiendo conceptuarse como delictivo cualquier irregularidad que pueda ser corregida suficientemente en otras jurisdicciones, como la contencioso-administrativo o la laboral".

Otro argumento que se cita en el documento de los defensores es que se debe hacer constar la legalidad del suelo en la que está el nuevo cuartel para que de esta manera el ministerio fiscal disponga de "una relato exhaustivo y exposición de todos los hechos acontecidos durante la instrucción de la causa". El alcalde de Puente Genil, Manuel Baena, ya señaló hace unos días que lo único que se pretendía era poder trasladar a los miembros de la Guardia Civil y sus familias a un nuevo cuartel dada las pésimas condiciones en las que se encuentra el actual, situado en la calle Miguel Romero, en el centro de la ciudad.