El Ayuntamiento de Posadas no cumplió los plazos y retiró la cancela sobre la Colada de Torilejos de la finca La Zarza 28 días antes de lo establecido. Según ha podido saber el Día, el pasado 21 de septiembre, el alcalde firmó un decreto ordenando a la empresa Compañía Cordobesa de Gestión y Renta -propiedad de la familia Sánchez Ramade- la apertura en 24 horas de los candados de la cancela, auténtico huracán de protestas del pasado verano. El decreto establecía a su vez un plazo de cinco días para que la empresa desmontara la cancela.

Sin embargo, la entidad alegó este decreto, a través de un documento que entró en el Ayuntamiento de Posadas el 27 de septiembre. La empresa insistía en que el plazo fijado para la retirada de la verja incumplía el establecido por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (L. J. C. A.). Entonces, el Ayuntamiento otorgó un nuevo plazo de dos meses, que expiraba el 27 de noviembre de 2007, para la retirada total de la valla. Pero fue el 31 de octubre cuando unos operarios municipales acudieron a la finca La Zarza y armados con una radial desmontaron la cancela.

Por ello, los propietarios recurrieron al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Córdoba, que estimó que el Ayuntamiento había desmontado la infraestructura sin la cobertura jurídica necesaria. De esta forma, y tal como publicó ayer este periódico, el Juzgado ha emitido un auto por el que ordena al Consistorio a reinstalar la cancela en un plazo de 15 días, entre tanto se resuelve si la verja está levantada sobre un camino público -como defiende el Ayuntamiento- o por el contrario está situada en una propiedad privada -como alega la empresa demandadora-.

El Pleno del Ayuntamiento de Posadas se reunió anoche de forma urgente para consensuar una postura común para afrontar este auto judicial. De momento, el compromiso municipal pasa por recurrir esta decisión al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla, para lo que cuenta con un plazo de 15 días desde que conoció el auto. De lo contrario, tendrá que acatar la resolución y reinstalar la cancela que retiró, además de pagar las cosas del proceso que el juez ha valorado en más de 18.000 euros.

Por otra parte, el portavoz de Los Verdes en Córdoba, Vitorio Domínguez, solicitó ayer al Ayuntamiento "firmeza" y denunció la "prepotencia de la familia Sánchez-Ramade" porque a su juicio durante el pasado noviembre se celebró una reunión en la que "nos dijeron que no iban a llevar el caso a los tribunales". Domínguez insistió en que los recursos del Ayuntamiento no son los suficientes como para hacer frente a un proceso judicial que puede ser muy costoso. Por eso, solicitó a la Diputación "que se ponga al frente de todo esto para que al final la Ley no acabe protegiendo a lo privado en detrimento de lo público", asegurando que la cancela se había levantado sobre un camino de titularidad municipal. En el mismo sentido, Domínguez expresó que este auto judicial "viene a echar más carne en el asador" en una polémica que en septiembre se había dado por cerrada.

Actualmente, el clima que vive Posadas es de tensión y de desunión. La presión vecinal para la apertura total de la Colada de Torilejos sigue siendo importante, tanto que algunas fuentes municipales han justificado en esta presión el que el Ayuntamiento retirara con antelación la cancela. Sin embargo, desde Los Verdes se insiste en que de momento no se van a retomar las movilizaciones.

En los próximos meses está previsto que se sigan sucediendo las resoluciones judiciales en torno al caso de La Zarza. En concreto, están en los tribunales los sucesos de la madrugada del 14 de septiembre, cuando 19 guardias civiles resultaron heridos después de que la manifestación convocada en las puertas de la verja derivara en hechos violentos. También hubo heridos entre los manifestantes y siete de ellos fueron condenados al destierro, hasta que las protestas no cesaron de manera definitiva. El portavoz de Los Verdes considera que el último auto judicial dictado es "importante" porque a su juicio "puede marcar la tendencia" de los siguientes.

Por último, Vitorio Domínguez lamentó que "la justicia está hecha para el pudiente y no se puede permitir que en tanto años de democracia existan lagunas en la jurisprudencia porque vemos que tienen que ser los ciudadanos quienes tenemos que demostrar que el camino es público, cuando deberían ser los propietarios quienes demostraran que es privado". En este sentido, añadió que "los propietarios se pintan como víctimas", cuando habría que considerarlos "como delincuentes".