El PSOE logró durante la última sesión plenaria el voto a favor del PP para continuar con el proyecto privado para la construcción de una nueva sede judicial que incluya parking subterráneo y zonas ajardinadas en la parcela de 1.736 metros cuadrados ubicada en la Huerta del Carmen, que el Consistorio adquirió en 2006. En un primer término, el grupo socialista incluyó en el orden del día una moción para "desistir inicialmente" de la propuesta, tras remitir la Junta un documento que considera el edificio planteado "insuficiente"; posteriormente, el PSOE sustituyó la citada moción por otra en la que sí se debatía continuar con la iniciativa.

El portavoz socialista, Manuel Lara, manifestó que "no son competencias municipales y, por tanto, no es culpa del Ayuntamiento que no tengamos la sede judicial". El portavoz popular, Francisco Huertas, explicó que su voto a favor se sustenta en dos requisitos: que el Consistorio "no asuma riesgo alguno en la edificación de esa nueva sede judicial" y que, a su vez, la Junta de Andalucía "garantice el pago mensual de la renta al inversor que corresponda".

Los restantes miembros de la Corporación mostraron su oposición alegando que "la Junta tiene la obligación de tener una oficina de Justicia adecuadas al momento, al volumen de trabajo de los jueces y atender a todos los justiciables, y no que sea otro proyecto que no se realiza por dejadez de la Junta y que nos sitúa como el hazme reír de la provincia", en palabras del portavoz de IU, Miguel Villa. "Lo único que nos corresponde como Ayuntamiento es presionar a la Junta para que el nuevo palacio judicial se haga", subrayó Purificación Joyera, portavoz de Ciudadanos. Por último, el portavoz de Andalucía Entre Tod@s, Vicente Dalda, destacó que "el único tema en el que el Ayuntamiento tiene que mostrar su interés es en que la Junta cumpla con su obligación".

Con vía verde por parte de la administración municipal, ahora restaría conocer si los promotores privados quieren aceptar la propuesta de la Junta de construir 4.000 metros cuadrados, en lugar de los 1.861 proyectados inicialmente. Para esta dimensión, la entidad regional abonaría anualmente un máximo de 222.000 euros, cantidad que ya invierte en el alquiler de la actual sede de la calle San Pedro.