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La alcaldesa culpa ahora a la cooperativa El Yate de romper la vía negociadora

  • Romero destaca que los contratos de los empleados son responsabilidad de la fundación

"Fue el grupo El Yate quien rompió la vía negociadora y mediadora para embarcarse en una acción mediática perjudicando y dañando gravemente la imagen de la fundación Jesús Nazareno de Montoro". Así de contundente se mostró ayer la presidenta de la fundación y alcaldesa de Montoro, Ana María Romero (PSOE), tras la polémica surgida con la gestión del centro. En su intervención, Romero incidió en que "la voluntad de la Fundación Jesús Nazareno de Montoro ha sido, es y sigue siendo la de solucionar de manera amistosa las diferencias que la separan de El Yate, tal como consta en la última comunicación desde este patronato por burofax". En esa misma línea, aseguró que "seguimos con la misma voluntad negociadora y estamos dispuestos a reanudar las conversaciones para llegar a un buen entendimiento que zanje definitivamente este conflicto".

Romero recordó que "la titularidad de las plazas de la residencia, de los contratos de los trabajadores, de los servicios de toda índole que se reciben corresponden a la fundación, que ha garantizado y garantiza en todo momento la provisión de los mismos y asegura la calidad de los servicios recibidos por los residentes y los derechos de los profesionales de la plantilla que tantos años llevan trabajando". La presidenta hizo esta declaración después de que la plantilla haya mostrado su apoyo a la gestión de la fundación y acusara a la cooperativa de buscar el lucro y de intentar utilizarlos. Romero también ofreció algunos datos del centro, como que dispone de 79 plazas para personas dependientes, de las que 67 están concertadas.

El presidente de la cooperativa El Yate, Miguel Peláez, ha iniciado una huelga de hambre indefinida como protesta por el "bloqueo" en la gestión de la residencia. La entidad ya informó de que ostenta el contrato de gestión de la residencia hasta 2034 y sus servicios son abonados a través de dicha fundación, organismo que recibe los fondos de la Junta de Andalucía y de los propios mayores. La cooperativa obtuvo la gestión del centro hace una década "por la mala situación en la que se encontraban tanto las instalaciones como los mayores residentes hasta esa fecha", según anotó en su día. Y denunció también que la fundación "decidió dejar de abonar las facturas relativas a la alimentación de los ancianos".

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