No existen "documentos, títulos o signos externos" que acrediten, como reclama el cronista oficial de Priego de Córdoba, Enrique Alcalá, que un total de 24 templos e inmuebles de todo el término municipal, incluidas las aldeas, hayan sido inmatriculadas de manera irregular por la Diócesis de Córdoba. Tal es la conclusión a la que llegan la Secretaría del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba después de que el pasado verano el Pleno pusiera en manos del equipo de gobierno la posibilidad de que el Ayuntamiento reclamara el derecho sobre esos bienes; el PP, en la Alcaldía pero sin mayoría absoluta, votó entonces en contra de esa posibilidad.

El asunto regresó ayer al debate, aunque los nuevos informes echan por tierra la posibilidad de que estas aspiraciones, defendidas también por Participa Priego, prosperen por la vía judicial. La propia alcaldesa, María Luisa Ceballos, se remitió a las conclusiones jurídicas para advertir de que el Consistorio carece de "fundamentos" para reclamar estos bienes.

Alcalá expresó su malestar por que los juristas hayan pasado por alto algunos de los datos aportados por su investigación, como el hecho de que tres de estos bienes -San Pedro, la ermita del Calvario y el antiguo hospital de San Juan de Dios- fueron desamortizados y pasaron a ser propiedad de Hacienda. Según el cronista oficial, el Obispado los habría registrado "de forma indebida".

Entre los 24 bienes objeto del conflicto se encuentran las parroquias del Carmen y de la Asunción, la iglesia de San Francisco o la ermita del Belén. Todos los inmuebles superan los 9.000 metros cuadrados de suelo. La investigación de Enrique Alcalá empezó después de que un cofrade advirtiera de que la Diócesis había inmatriculado la iglesia de San Pedro Apóstol, que formaba parte de un convento desamortizado.

El Pleno, por otra parte, aprobó el reglamento que permitirá que la plaza de toros Coso de las Canteras, de propiedad municipal, tenga usos distintos al taurino, como actos de asociaciones y colectivos o bodas. El precio de la cesión, que tiene el carácter de canon, asciende a 900 euros por tres días consecutivos, aunque también se podrá solicitar su uso por fracciones menores.

Según el reglamento, el adjudicatario deberá asumir la responsabilidad que se derive de los "daños o perjuicios" que en ejecución del servicio pudiera causar a personas o bienes; también tendrá la obligación de conservar la plaza e instalaciones complementarias, tanto interior como exteriormente, "en perfectas condiciones de higiene y limpieza general". Queda prohibido cualquier uso del recinto que promueva, de forma directa o indirecta, cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, religión u orientación sexual.