IU exigió ayer al Ayuntamiento de Bujalance que paralice el expediente de desahucio abierto a una joven pareja, sin ingresos y con una menor de dos años a su cargo, de una vivienda de titularidad municipal, desocupada, situada en el núcleo de Morente. Según informó la coalición de izquierdas, el pasado mes de noviembre, en un pleno extraordinario y urgente, la corporación aprobó, con los votos en contra de IU y la abstención del PSOE, "iniciar el procedimiento para proceder al desahucio y que se requiera a los ocupantes del inmueble a fin de que procedan a su desalojo en el plazo de tres meses". El expediente advertía de que, transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento "lo llevará a efecto por sus propios medios, repercutiéndole los gastos que se derivaren del lanzamiento".

Sara, madre de una niña de dos años, y su pareja, sin ingresos ni medios económicos, ocuparon esta vivienda vacía en Morente "tras pasar todo el verano en la calle", después de solicitar ayuda a la alcaldesa, la popular Elena Alba, y a los servicios sociales. Sufrió, incluso, la "amenaza" de "poder perder la custodia de su hija". "Lo hice como lo haría cualquier madre desesperada", narró ayer ante los micrófonos.

Francisco Yebras, coordinador de IU de Bujalance, grupo municipal que presentó una moción al pleno de ayuda a esta familia, denunció que en la localidad "el PP y el grupo independiente que lo apoya están llevando a cabo una política de insensibilidad". "Por ello, por justicia y sensibilidad, desde IU estamos dispuestos a llegar adonde haga falta, empezando con una recogida de firmas y con la presentación de un manifiesto para que la familia de Sara no acabe en la calle", dijo.

Para el responsable provincial de Organización de IU, Sebastián Pérez Gallardo, el de Bujalance es "un ejemplo de la opresión que sufre la ciudadanía por parte de las políticas capitalistas y neoliberales, con una víctima de las políticas especulativas actuales, que son ocultadas por los grandes poderes". La parlamentaria autonómica Elena Cortés consideró "intolerable que un gobierno local sitúe en esta posición a una familia sin recursos cuando las viviendas de titularidad municipal deberían de estar a disposición de las familias". "Esta crisis económica está dejando a una gran parte de la población andaluza en riego de pobreza y, en ocasiones, como le ocurre a Sara, se encuentran además con la vulneración de su derecho humano a una vivienda", reivindicó Cortés.