El presidente de la cooperativa Almazaras de Priego, Fermín Jiménez, compareció ayer en rueda de prensa para reivindicar su inocencia en el caso Almazaras después de conocer la sentencia por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba y reclamó a los inculpados la indemnización de los 100.000 euros que les puso el juez. Según afirmó el letrado que asumió la acusación contra el consejo rector, Javier Pérez, siempre tuvieron claro quién cometió el fraude y quién no. Por ello, desde el primer momento acusaron "al gerente y a sus colaboradores o inductores, puesto que estábamos seguros de que eran ellos quienes se habían llevado el dinero gracias a los mecanismos de ingeniería fiscal" que urdieron. Además, Pérez acusó a Almazeite -la asociación de afectados- de "no haber colaborado nunca con la acusación" y de poner trabas continuamente en la investigación, así como de copiarle una querella casi al completo, "todo un acto desleal por su parte".

Jiménez se mostró complacido tras el fallo judicial favorable a sus intereses aunque, a su vez, se considera una víctima más de lo que tildó de "trama organizada para desviar dinero de la sociedad hacia intereses particulares". También aprovechó su intervención para justificar sus 10 años de silencio, en los que no ha dado respuesta a ningún medio de comunicación sobre los delitos que se le imputaban, alegando un profundo "respeto a la justicia" que le impedía hacer declaraciones mientras el caso estuviera abierto. La lentitud con la que la Justicia llevó el caso propició que se quedaran "muchos cabos sueltos", lamentó el cooperativista. "Se tenían que haber investigado el contacto de más empresas con la cooperativa porque también podrían ser fraudulentos y no se ha hecho ni, creo, que se pueda hacer. Muchas cosas huelen mal", incidió.

Los socios de la agrupación difícilmente podrán recuperar el dinero que se defraudó ya que, atendiendo a las palabras de su presidente, "no se puede decir cuánto dinero se defraudó de cada socio". "Unos 60 o 70 euros por kilo de aceite, pero no se puede estimar. No obstante, si las cosas hubieran ido más rápido, se podría haber recuperado más dinero", consideró.

En el primer juicio que se llevo a cabo, las empresas defraudadoras, como Jaraoliva, fueron obligadas a pagar 600.000 euros en concepto de indemnización, ingreso que nunca llegó a los afectados porque dichos organismo se declararon insolventes y entraron en concurso de acreedores. Los condenados son el exgerente de Almazaras de Priego, el representante legal de Jaraoliva y un comisionista a los que se les ha impuesto una pena de seis meses de prisión y una indemnización de 100.000 euros.

La reacción de Almazeite ante el fallo fue distinta. La asociación aseguró que encuentra "inexplicable que el Tribunal nos condene a costas por su manifiesta temeridad". A su juicio, "tras diez años, la temeridad radica en que sigamos sin cobrar la totalidad de nuestra cosecha". La asociación recordó que aún puede recurrir al Tribunal Supremo, si bien, vinculó la decisión de recurrir el fallo a las indicaciones de los abogados y los votos de los socios en la asamblea.