EL equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba ha dado esta semana su puntilla a cuatro años de gestión. Tras desenredar a principios del mandato la madeja del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, con deudas millonarias a la Seguridad Social y a Hacienda, y tras aclarar las cuentas en Epremasa y Emproacsa, el PP anunciaba esta semana el resultado de la auditoría forense al Grupo Cinco, un entramado societario sobre cuya gestión también planea ya la sombra de la duda.

Que el vicepresidente primero de la institución provincial y diputado de Hacienda, Salvador Fuentes, anunciara a tres días de las elecciones municipales la "serie de irregularidades" que en el seno del Grupo Cinco se habrían supuestamente cometido durante una década, no es casual desde luego. Y aunque la presidenta de la Diputación y, por ende, del Grupo Cinco, María Luisa Ceballos, defendiera ante el Pleno la "discreción" con que se ha llevado el asunto, es innegable que en la elección de la fecha para la presentación de los resultados de la auditoría forense ha podido contar mucho la posibilidad de sacar rédito electoral. Por otra parte, si como desde hace años demandaba el diputado de Unión Cordobesa (UCOR) Carlos Baquerín la auditoría se hubiera realizado a inicios del mandato, podría haberse evitado la prescripción de posibles responsabilidades punibles.

Consideraciones políticas aparte, el estudio desvela una "serie de irregularidades", sobre todo, en la promoción de suelo industrial, en los municipios de Villafranca, Adamuz, El Carpio, Pozoblanco, Montalbán y La Rambla, la mayoría de ellos bajo el paraguas del PSOE, que el PP ya ha llevado ante la Fiscalía Provincial de Córdoba. Price Waterhouse Coopers apunta, entre otras anomalías, a que el alcalde de Villafranca, Francisco Javier López (PSOE), habría contratado la elaboración de documentos técnicos a familiares, o que el Ayuntamiento de Adamuz habría autorizado permutas "discutibles" a personas con relación de parentesco. También se habría llevado a cabo la aprobación de posicionamiento de proyectos por parte de Cincosur en Benamejí, Hornachuelos, Adamuz, Bujalance e Iznájar sin aprobación por los órganos de administración. Y, de nuevo en Villafranca, se habrían adjudicado obras de urbanización por parte de una junta de compensación con la circunstancia de que el administrador podría formar parte de la propia junta. Algo similar ocurriría en la adjudicación de obras en suelo residencial de La Vega de San Antonio, en El Carpio.

Price Waterhouse Coopers también habría detectado la ausencia de oferta o constancia documental en la construcción de naves en el polígono industrial Dehesa Boyal de Pozoblanco (2004); la aprobación de gastos y facturación en concepto de honorarios a profesionales sin constancia de tramitación procedimental alguna; la contratación y elaboración de un plan parcial en Montoro, concurriendo posible relación familiar y que tiene aparejado la falta del estudio de mercado de la ubicación del mismo, o la celebración de contratos de permutas entre propietarios y Cincosur en La Rambla sin aprobación por los órganos de administración de la empresa.

Grupo Cinco es una estructura de cinco sociedades, con mayoría de capital público, en la que se integran la Diputación como socio fundador, Cajasur y 41 ayuntamientos. Abarca cinco zonas, para cada una de las cuales se creó una sociedad. Aunque la entidad está encabezada por la presidenta de la Diputación, la institución provincial apenas ostenta entre el 23 y el 37% del entramado.

El Ministerio Público deberá ahora determinar si las anomalías detectadas en el informe forense encajan en algún tipo penal y, por tanto, si antiguos gestores de la institución provincial y alcaldes tendrían responsabilidad en el asunto, como parece sugerir la auditora. El PP, desde luego, ya se ha precipitado a poner el asunto en manos de la Justicia como hizo con las cuentas del Consorcio de Bomberos. "Nadie me va a coger ni por acción ni por omisión", advirtió Ceballos, el jueves, durante el último pleno de la corporación. El nerviosismo, de nuevo, cunde entre antiguos gestores socialistas.