La polémica por el reparto de dinero público entre ayuntamientos y colectivos mediante convenios particulares alcanza ahora al Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). El PSOE e IU censuraron ayer que el organismo dependiente de la Diputación de Córdoba aprobara en su último consejo rector un paquete de acuerdos particulares por valor de 975.505 euros sin abrir proceso de concurrencia alguno. El consejo rector, en concreto, dio destino a 2,7 millones de euros del remanente del año pasado, de los que casi un millón se reparte con subvenciones nominativas y 1,7 millones se destinan a incrementar programas sociales.

Respecto a los convenios, la cuantía máxima -35.000 euros- es para la Fundación Don Bosco, de la comunidad salesiana. Otro buen número de colectivos se reparten partidas de 20.000 euros, como Unicef, la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), la Asociación de Alcohólicos Liberados (Acali), la Federación de Niños con Necesidades Especiales (Fedune), Autismo de Córdoba, la Asociación para la Integración de Niños Border Line (Acopinb), Proyecto Hombre, el Grupo de Familias Solidarias La Salle, el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria, Luque Solidario o Sonrisa de Lunares.

El colegio salesiano San José, de Pozoblanco; el hogar parroquial Jesús Nazareno de Villanueva del Rey, la residencia San Sebastián de Palma del Río, San Rafael de Alzheimer o la residencia municipal de mayores Fernando Santos de Añora también se llevan 20.000 euros, así como el Banco de Alimentos. Los 975.000 euros se reparten entre 80 colectivos y ayuntamientos.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Salvador Blanco, denunció que el equipo de gobierno "debía haber sacado una convocatoria pública" para distribuir esta partida, porque lo contrario significa distribuir el dinero público "a ojo de buen cubero". "La valoración ha sido totalmente subjetiva", resultado de un "vis a vis para buscar el agradecimiento", censuró Blanco, quien dijo que esta cantidad "supera todos los límites".

El portavoz de IU, Francisco Martínez, calificó de "excesivamente abusivo" el reparto. "Lo que el gobierno del PP está haciendo con su mayoría absoluta es favorecer a ciertos ayuntamientos y colectivos", criticó Martínez, quien explicó que mediante esta distribución de fondos "es imposible que la gran mayoría de los colectivos sociales pueda acceder". Para la coalición de izquierdas, esta forma de actuar "bordea la legalidad" y, desde el punto de vista ético, implica un reparto "insolidario y abusivo".

La presidenta del IPBS, Dolores Sánchez, subrayó que la firma de los convenios responde a la "demanda de los colectivos y de los ayuntamientos", y destacó que hay consistorios "de todos los colores". En el informe del expediente, el IPBS justifica que estas subvenciones nominativas con entidades sociales y municipios se enmarcan "dentro del ámbito de colaboración" que la entidad "mantiene con la iniciativa privada y pública para el desarrollo de programas de carácter complementario a los que el organismo realiza". Siempre, según la memoria, "en cumplimiento de sus fines estatutarios de gestión, promoción y desarrollo de los servicios de bienestar social en orden a la promoción de la igualdad, la inclusión y el bienestar social".

Los 1,7 millones restantes de remanente se reparten entre los distintos programas que desarrolla el IPBS, como el de empleo social. El presupuesto inicial para este año era de 500.000 euros, que aumentará hasta los 1,1 millones de euros gracias a esta modificación extraordinaria de crédito. La memoria explica este incremento "dada la alta demanda en la actualidad, así como por las dificultades que parte de la población tiene para acceder al mercado laboral". La nueva partida permitirá hacer 600 contratos.