SI el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas tenía sus propios documentos donde reflejaba la supuesta contabilidad B de los populares, el que fuera gerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba, Antonio Navarrete, no es menos y también tiene, presuntamente, los suyos propios. El problema es que estos supuestos documentos, que reflejarían la contabilidad paralela de la entidad -dependiente de la Diputación de Córdoba-, han aparecido gracias a un registro llevado a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba. El problema es el lugar en el que han aparecido estos papeles, totalmente escondidos en un maletín que se encontraba en un trastero propiedad de Navarrete, ubicado en la capital cordobesa. Pero aún hay más, en el mismo trastero los técnicos judiciales también encontraron, según la información facilitada por el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, una nota relativa a un viaje, así como una caja de madera con cintas de vídeos. Llegados a este punto, surgen demasiadas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el responsable de una entidad como el Consorcio de Bomberos esconda en un trastero documentación oficial y, encima, de carácter económico?, ¿a caso teme que se descubra que realmente existió una contabilidad paralela?, ¿qué esconden esas cintas de vídeo? Y, por cierto, ¿dónde fue el viaje?

Sin duda, el hallazgo de todos estos documentos ha provocado que el caso de Navarrete haya dado un giro de 180 grados. Quien tiene verdadero interés en obtener ya respuestas por parte de la Justicia a las preguntas expuestas y otras muchas es Fuentes, quien como responsable de la institución provincial ha reclamado copia de toda la documentación que se obtenga y quien se ha mostrado muy crítico desde el primer momento con todo el procedimiento. Es por ello que hace falta que toda esta documentación y datos salgan a la luz pública -al igual que ha ocurrido con los tan comentados y explícitos papeles de Bárcenas- y que nade se quede en la oscuridad. Es más, de la gestión de Navarrete al frente del Consorcio de Bomberos poco o nada se puede salvar ya, a tenor de todo lo descubierto en los últimos años.

Navarrete, además, tiene que responder a otras cuestiones judiciales, ya que también es protagonista de otros dos procedimientos abiertos por la vía penal en el Juzgado de Posadas a cuenta de su gestión. El primero de ellos establece los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción del Parque de Bomberos de La Carlota y es una causa en la que está también imputado el ex presidente del Consorcio, Fernando Expósito -retirado en la actualidad de la primera fila de la política-, y el constructor Jorge Reif Tróqueli. En abril de 2012, la Diputación presentó ante la Fiscalía y ante el Tribunal de Cuentas sendas denuncias por las obras de este parque, que se ejecutaron supuestamente "sin haberse efectuado tramitación administrativa alguna". El segundo procedimiento se refiere a los supuestos delitos de prevaricación y usurpación de funciones públicas sobre pólizas de crédito al Banco Santander, en el que de nuevo están imputados Navarrete y Expósito.

Lo primero que encontró el PP nada más acceder a la Diputación fue un gran agujero en las cuentas de esta entidad. La deuda principal proviene del impago de las cuotas a la Seguridad Social desde 2003 hasta 2011 y también del impago del IRPF de las nóminas a Hacienda entre 2009 y 2010, entre otras cuestiones. Así las cosas, el quebranto en la gestión del Consorcio de Provincial de Prevención y Extinción de Incendios del exgerente supuso una deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria se cifró en unos 16,5 millones de euros. Según ya indicó Fuentes, a día de hoy se han saldado 7,4 millones, quedando pendientes 8,5 millones de euros. Ahora, casi cuatro años más tarde, y tras poner en marcha un plan de saneamiento, la deuda se ha reducido exactamente a la mitad. De los ocho millones aún pendientes, la mayor parte responde a la deuda con la Seguridad Social, a la que la entidad todavía tiene que devolver 5,8 millones de euros.

Con todos estos datos, es más que preciso que la Justicia actúe de manera diligente y dicte una sentencia que evite que se repitan este tipo de gestiones en una institución pública, cuyo funcionamiento y a cuyos gestores pagan todos los cordobeses con sus impuestos.