La sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite de Baena acogió ayer la conferencia y desayuno-coloquio a cargo del magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Eduardo Baena, organizada por El Día de Córdoba, que estuvo moderada por su director, Luis Javier Pérez-Bustamante Mourier.

Ante un auditorio entregado y participativo, el magistrado fue desgranando los temas judiciales de mayor actualidad y que más interés y preocupación manifiestan hoy en la sociedad en la jornada, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Baena. Una plática que desencadenó en la "necesidad" firme de llevar a cabo reformas "estructurales y procedimentales" que, en opinión del magistrado del Tribunal Supremo, harían posible que "la resolución de multiplicidad de procesamientos podrían reducirse".

Baena fue tajante en este asunto y señaló que "las reformas estructurales son muy importantes", sobre todo porque la estructura que se aplica data del año 1833 "de provincias, audiencias territoriales y partidos judiciales". Por eso, insistió en que "lo que hace falta es que lo que se haga sea política de Estado". Para el que fuera presidenta de la Audiencia Provincial de Córdoba durante 14 años, esto es así porque "eso es un servicio público, que la administración funcione, y eso no tiene color político pero si eficacia para la sociedad" y subrayó que lo que jamás se puede dar "son vaivenes coyunturales de continuo cambio". También ahondó en la idea de una "reforma importante de la estructura de la Administración de Justicia" y criticó que "en España no ha tenido el impulso presupuestario que necesitó en su momento y ha seguido siendo la Cenicienta de la administraciones públicas".

"La jurisprudencia es un ser vivo que se va adaptando a las realidades sociales del momento", consideró Baena, quien reseñó que igualmente son necesarias las reformas procesales porque "al Tribunal Supremo no puede llegar lo que actualmente llega para diez magistrados y dos eméritos". "El Tribunal Supremo no puede ser una última instancia en determinados temas", subrayó. Pero además de la necesidad de reformas estructurales en la justicia, el magistrado del Supremo abordó cuales son las diferentes y continuos problemas que diariamente llegan hasta la jurisdicción civil, movidas en la mayoría de los casos por la actual situación social y económica.

Por ello, insistió en que "los tribunales de justicia son testigos mudos donde uno acude a sus archivos y se da cuenta de cuáles eran en cada momento las patologías del momento". "Los tiempos van cambiando y adaptando las realidades sociales, y las leyes se van modificando", en función de las nuevas carestías, anotó.

La ponencia acogió en sus primeras letras el fondo de los derechos del honor, la intimidad y la propia imagen y cómo en ocasiones colisionan con los derechos que tienen que ver con la libertad de información y expresión, tan en auge en la actualidad y que tantos litigios provocan. Según Baena, aunque es "obligatorio ponderar que debe de primar", no es lo mismo "si son personajes públicos quienes protagonizan la noticia o no lo son". En este apartado, habló de "la importancia de la dimensión familiar de la intimidad" cuando se dan "nuevos conceptos de familia". Así, se refirió a la evolución de los nuevos conceptos de familia o la inexistencia de derecho internacional unitario en cuanto a la gestación subrogada, más conocida como vientre de alquiler.

Y de nuevo proponiendo como fondo la actual crisis socio-económica, el magistrado se acercó hasta la protección de los consumidores y consideró que ahora los tribunales están "más sensibilizados con los derechos de los consumidores" y opinó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene "una gran importancia dada su labor de interpretación de la normativa del derecho comunitario". "El TJUE sostiene que debe ser el juez nacional el que actúe de oficio contra las cláusulas abusivas", aclaró.

De este tema fue obligado el salto a las denominadas cláusulas abusivas o leoninas y cláusulas suelo ante las cuales, Baena destacó que hoy día sobre todo se pone el acento en que "estemos perfectamente informados, cuando lo realmente importante es saber cuáles son las consecuencias verdaderas que se pueden derivar de la firma de un contrato financiero, de ahí, la importancia de la transparencia". El magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo incidió en que el problema ha llegado porque se han firmado "contratos financieros complejos no aptos para consumidores y que se han vendido en masa". Ahora bien, subrayó que sería un gran error no tener en cuenta que "nos movemos en una economía de mercado donde son imprescindibles las grandes empresas y las entidades financieras".

A pesar de abordar tantos temas durante su intervención, el juez no quiso entrar de lleno en el de la corrupción, según esgrimió porque "no es de lo que me ocupo". No obstante, señaló que en asuntos de corrupción "falla el equilibrio de poderes" y "todos los poderes (judicial, legislativo y ejecutivo) y todas las administraciones tienen que ser conscientes de que se les vigile porque si no todos tendemos a pasar la línea roja". Como remedio, Baena propuso la puesta en marcha de "políticas preventivas", un contrapeso de "poder, transparencia y saber qué cuestiones están delimitadas para que todo el que incumpla la ley sepa que ésta puede recaer sobre él". Esta es su propia receta: "me gustan las políticas preventivas, no aumentar las penas".

Tras la ponencia, se abrió un turno de preguntas en el que los asistentes manifestaron sus principales dudas y en el que el magistrado aclaró cuestiones relativas a "la lentitud de la justicia", donde propuso e incidió en la necesidad de la reforma estructural de la justicia. También aludió a la tasas judiciales, sobre las que dijo que deben ser proporcionadas y salvaguardar la tutela judicial efectiva, de ahí que sostuviera que dependen del "cuándo y del cuánto". La elección de los magistrados del Tribunal Constitución fue otro de los temas que analizó y, al respecto, precisó que se trata de un "órgano político en su función, no en su manera de actuar". Baena también destacó la importancia de "una jurisprudencia fundamental en la primera etapa de la Transición", debido al desarrollo de los derechos fundamentales.