Provincia

El PP fija en 531.000 euros la aportación al centro de ferias del Parque Joyero

  • La corporación insta a la Diócesis a colaborar con los ayuntamientos que pidan datos sobre inmatriculaciones y dará asistencia jurídica a los municipios que lo necesiten por este asunto

El equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba aprobó ayer, con el rechazo de la oposición en bloque, la aportación de 531.917 euros para el proyecto del centro de exposiciones, ferias y convenciones de la capital. Sin que hubiera ningún tipo de debate -las posiciones de los grupos estaban claras de la comisión de Hacienda de la semana pasada-, el PP zanjó así un asunto que ha causado gran controversia en sesiones plenarias anteriores.

El texto del convenio determina que el objetivo es hacer efectiva una "subvención nominativa" para financiar el proyecto básico, el de ejecución, el estudio de seguridad y salida y el proyecto de instalaciones e infraestructuras y demás actuaciones necesarias para la consolidación de la estructura, la reforma y la adaptación parcial del pabellón multiuso del Parque Joyero, uno de los proyectos estrella del alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. El equipo de gobierno defiende en el acuerdo que "se trata de una actuación de interés público y social manifiesto", ya que "supone contar con los instrumentos necesarios para competir en el mercado de ferias y reuniones e incentivar las inversiones en la ciudad de Córdoba y su provincia". Al Ayuntamiento, según el convenio, le corresponderá la contratación y supervisión de los citados proyectos.

La oposición también se opuso a la modificación de los estatutos de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, que salió adelante con el voto del PP. A partir de ahora, desaparece el llamado consejo rector y se crea un consejo asesor para que los miembros externos a la institución provincial que participaban sigan colaborando en la toma de decisiones, explicó el equipo de gobierno. El nuevo órgano será convocado "sólo cuando lo considere necesario la Diputación". En cuanto al consejo rector, pasa de 12 a nueve miembros, en los que los grupos políticos mantendrán su representación.

El Pleno, en este caso con unanimidad, aprobó devolver las cantidades aportadas por agricultores y ganaderos en 2004 para la ejecución del Plan de Electrificación de las Zonas Rurales, que finalmente no se llevó a efecto y que estaba conveniado con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). El portavoz del Gobierno en la institución provincial, Andrés Lorite, explicó que "este convenio nunca se ejecutó porque necesitaba la financiación de otra administración". "Ahora queremos reparar el daño económico hecho a estos agricultores y ganaderos de Belmez y municipios limítrofes, que fueron en su mayoría quienes se acogieron a él". La institución provincial aportará, en total, 100.000 euros.

En otro orden de cosas, tras un intenso debate a raíz de una moción presentada por el diputado de Unión Cordobesa (UCOR) Carlos Baquerín, el Pleno aprobó por unanimidad instar a la Diócesis de Córdoba a colaborar con los alcaldes con aquella información relativa a las inmatriculaciones de inmuebles realizados por el Obispado en los respectivos municipios desde enero de 1980 cuando estos registros "pudieran afectar al dominio público local, al interés general o a los legítimos intereses de los vecinos que resulten terceros de mejor derecho". El PP decidió sumarse a esta moción tras eliminar de la proposición original planteada por Baquerín determinadas expresiones que, según el diputado de Cultura, Antonio Pineda, suponían verter "acusaciones" contra el obispo, Demetrio Fernández.

El Pleno, finalmente, optó por "ofrecer de forma expresa a todos los ayuntamientos de la provincia la asistencia jurídica que precisen para la recuperación de bienes demaniales que en su caso hayan podido ser afectados". La moción original de Baquerín se refería a "inmatriculaciones ilegítimas" llevadas a cabo por la Diócesis de Córdoba, una expresión que quedó eliminada en el texto aprobado.

La corporación provincial también aprobó por unanimidad una moción presentada por el PSOE para instar a la Junta de Andalucía a que desarrolle a una ley a favor de la protección y defensa de los caminos públicos rurales, mientras que la Diputación se comprometió a elaborar un inventario público. El PP, por último, sacó adelante con un respaldo unánime una moción en la que insta al Ministerio de Agricultura a que propicie cambios normativos para el etiquetado correcto de la miel.

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