Provincia

La Diputación cesa tras su imputación el jefe de Conservación de Carreteras

  • Recursos Humanos relega al funcionario, implicado en la 'Enredadera', a otro cargo en Ingeniería Civil Fuentes llama a no dudar de la "profesionalidad" de los 1.800 trabajadores

La apertura de la operación Enredadera, ordenada por la jueza Mercedes Alaya contra una red de funcionarios y técnicos que aceptaba sobornos a cambio de contrataciones, ha tenido su primera consecuencia en la Diputación de Córdoba. La delegada de Recursos Humanos y Cooperación al Desarrollo de la institución provincial, Pilar Gracia, informó ayer del cese de su puesto como jefe de Sección de Conservación de Carreteras del ingeniero de caminos imputado en la trama desarticulada el pasado martes, cuando fueron detenidas cinco personas en la provincia.

En el decreto, con fecha 12 de noviembre, retira del cargo, de "libre designación", al trabajador y le designa funciones "propias de su categoría profesional". El vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes, explicó ayer que esta medida se toma de "manera cautelar", al conocer su "presunta implicación" en la organización.

Fuentes destacó que la Diputación se guía en este asunto con "responsabilidad" y "prudencia", razón por la que el alejamiento del citado jefe en su cargo no es definitivo, sino que ha sido una medida "de carácter cautelar". El objetivo del equipo de gobierno -subrayó el vicepresidente- es que no se pueda "empañar la imagen de la Diputación" o que se ponga en cuestión la "profesionalidad" de los 1.800 trabajadores de la institución provincial con una "caza de brujas".

Gracia, por su parte, precisó que, mediante el mismo decreto de cese, el equipo de gobierno lo asigna "con carácter provisional" al servicio provincial de Ingeniería Civil, "en funciones propias de su categoría profesional", pero sin ocupar ya jefatura alguna. Su cargo anterior, de tercer nivel, es ejercido a partir de ahora por el jefe del Área de Carreteras de la Diputación, de quien dependía jerárcicamente.

El pasado martes, tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron al palacio de la Merced para recabar información sobre diversos expedientes de contratación. El mismo martes, la Guardia Civil detuvo a tres empresarios y a dos técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en Córdoba capital y La Carlota. Todos quedaron en libertad con cargos excepto el directivo de Adif Enrique José Finch Ramos, a quien la instructora imputa haber cobrado 1.004.624 euros en mordidas entre 2003 y 2012. Alaya ordenó su ingreso en prisión, eludible bajo fianza de 250.000 euros.

Delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal son algunas de las infracciones penales imputadas a los sospechosos.

Los expedientes solicitados a la institución provincial, media decena, estarían todos vinculados con la empresa Fitonovo, que presuntamente sobornaba a funcionarios y técnicos de administraciones públicas con el objetivo de amañar contratos. La Enredadera, derivada de la operación Madeja, de la que constituye una tercera y muy avanzada fase, se extiende por una docena de provincias españolas con una treintena de detenciones, 22 de las cuales se efectuaron en Andalucía y casi la mitad de ellas en Sevilla, con el foco sobre la Diputación. En Córdoba, Fitonovo actuó de manera esporádica, pues sólo se conocen dos contratos en la institución provincial.

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