La comunidad romaní de la localidad de Bujalance, integrada en la Asociación Cultural Gitana, solicitó ayer al Ayuntamiento y a la Guardia Civil atajar el clima creciente de racismo alentado a través de las redes sociales y de los teléfonos móviles por determinados individuos después de los dos sucesos violentos protagonizados la semana pasada por gitanos. El presidente de la Asociación Cultural, Juan Rafael Cortés, lamentó ayer la imagen dada por estos dos sucesos, que consideró "puntuales", y reclamó "medidas" a las administraciones y a las fuerzas de seguridad para cortar una serie de mensajes violentos que el miércoles por la noche empezaron a circular por la localidad alentando la violencia hacia esta comunidad.

"No podemos pagar todos por lo que han hecho unas personas en particular", insistió Cortés. El miércoles a última hora de la tarde, una discusión entre dos vecinas -una de ellas gitana- a propósito de una gotera en su vivienda acabó en una riña. La Guardia Civil informó de que se ha imputado a las dos mujeres y aclaró que hubo "agresiones mutuas y lesiones". El mismo miércoles por la noche, después del suceso, empezaron a circular por el municipio mensajes vía WhatsApp exigiendo "justicia" contra los integrantes de esta minoría étnica.

"¿Qué tiene que ocurrir más para darle una solución a esto? Unámonos y si hace falta hacemos con ellos lo mismo que hicieron en Martos", clamaba uno de los mensajes, que logró una gran difusión. En la localidad jiennense, varias familias fueron expulsadas tras quemar otros vecinos sus viviendas. Por la mañana, la preocupación ante lo que pudiera ocurrir era tal que la Asociación Cultural Gitana denunció las misivas en el puesto de la Guardia Civil.

Fruto de las investigadores, el Instituto Armado informó de la detención de una persona por un delito de incitación a la violencia. La Guardia Civil lo acusa de "difundir, a través de las redes sociales, un mensaje cuyo contenido incita a la violencia y al racismo". El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Montoro. El Instituto Armado, a última hora de la tarde de ayer, quiso trasladar un "mensaje de tranquilidad" a la población bujalanceña e invitó a que "se desoigan las informaciones tendenciosas y los mensajes interesados, cuya finalidad es provocar alarma social y alterar la convivencia en la localidad".

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, insistió en que el incidente del miércoles "podría haber ocurrido en cualquier municipio" y subrayó que no fue otra cosa que "una discusión por una gotera", si bien pudo haber generado "más inquietud" por tener lugar en Bujalance. Primo Jurado llamó a "no insistir en el carácter racial" de estos episodios, tras lo cual pidió "sensatez" y dijo que "no hay que echar más gasolina". El representante del Ejecutivo central en la provincia informó de que la Guardia Civil seguirá interviniendo y dijo que las fuerzas de seguridad del Estado trabajan con el Ayuntamiento "por la convivencia, que es un bien preciado".

La alcaldesa en funciones, Elena Alba (PA), también hizo un llamamiento "a la paz, a la convivencia y a la no violencia, sin distinción de etnias", y lamentó la acción de determinados ciudadanos que "están manipulando a la población". El martes, el Pleno bujalanceño acordó por unanimidad la redacción de un plan estratégico de seguridad ciudadana a raíz del repunte de los robos y para evitar episodios violentos. En la sesión extraordinaria, la Corporación reclamó al Ministerio del Interior que cubra las dos plazas vacantes de guardias civiles en el municipio e instó a las administraciones competentes a ampliar la plantilla de los juzgados de Montoro para que los casos se tramiten con mayor agilidad.

El origen de toda la polémica es un repunte de los robos en viviendas, que la Subdelegación del Gobierno cifra en alrededor de un 2% más respecto a los datos del año pasado. Como medida disuasoria, la Guardia Civil ha incrementado la presencia de agentes en la zona, como atestiguan los propios vecinos. Ya ha habido ocho detenciones e imputaciones después de los sucesos de la semana pasada.