Los problemas judiciales para el que fuera gerente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, Antonio Navarrete, se acumulan. Así, el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que el ex responsable de la entidad dependiente de la Diputación deberá abonar en torno a 640.000 euros por "apropiación indebida", según confirmaron ayer desde el equipo de gobierno del PP en la institución provincial. Esta no es la única causa que afecta a Navarrete que se está dilucidando en el Tribunal de Cuentas, sino que también deberá pronunciarse sobre distintos aspectos del escándalo que rodea al Consorcio y que denunció el PP. Así, las fuentes consultadas han señalado que en este caso se trata sólo de exigir al exgerente el pago de esa cantidad, que es la que los responsables del Consorcio consideran que el exgerente se transfirió a cuentas particulares por horas extras y duplicidad de facturas. Además, el escrito del tribunal, según las mismas fuentes, apunta que en caso de que el ex gerente no pueda hacer frente al pago de la cantidad reclamada, la responsabilidad subsidiaria recaerá en el que era el interventor de esta empresa pública cuando sucedieron los hechos.

No obstante, será el juzgado número dos de Córdoba el que tendrá que dilucidar ahora si esa presunta apropiación indebida lleva aparejada una sanción penal, indicaron. El escándalo del Consorcio -que supuso un agujero millonario en las cuentas de la sociedad- cuentas con hasta cinco causas judiciales abiertas, entre las que sobresale la que afecta a Navarrete por quedarse presuntamente con dinero de la entidad y la que hace referencia a las obras de ampliación del parque comarcal de La Carlota, por las que también está imputado el expresidente del Consorcio y anterior vicepresidente de la Diputación cordobesa, el socialista Fernando Expósito, retirado en la actualidad de la primera fila de la política.

De otro lado, los responsables del Consorcio han previsto una comparecencia esta semana para dar cuenta del estado del proceso judicial en torno a este caso, que ha supuesto la renegociación de una deuda de 16 millones de euros entre los atrasos en el pago a Hacienda y a la Seguridad Social y las multas por esas demoras.

El informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la construcción del parque de bomberos de La Carlota ya apreció un menoscabo en los fondos públicos por importe de 53.321 euros, al encontrar "ciertas diferencias" entre los precios facturados respecto a los vigentes en el mercado y, además, la existencia de duplicidades en los pagos. Por el primer concepto, el acta del Tribunal de Cuentas aprecia 37.799 euros de menoscabo, mientras que por facturas dobles contabiliza 13.154 euros. La Sección de Enjuiciamiento del citado tribunal abrió un procedimiento de reintegro al apreciar "presuntas irregularidades" en estas obras.

La Diputación ya informó además de la detección de una contabilidad paralela en el consorcio de unos cuatro millones de euros entre los años 2004 y 2010. La cantidad hallada, que se debería haber dirigido a los pagos de la Seguridad Social y Hacienda, se utilizó para pagar "horas extras, anticipos al antiguo gerente de más de 50.000 euros o seguros de vehículos", y nada de esto se incluyó en el presupuesto", según ya apuntó el vicepresidente primero en la institución, Salvador Fuentes. La investigación también sacó a la luz que no se realizó la gestión recaudatoria de las tasas en concepto de prestación del servicio de extinción de incendios de 1.190 actuaciones, que supusieron 191.944 euros, entre 1997 y 2008.