El sindicato de enfermería Satse denunció ayer el "cierre inminente" de la séptima planta del Hospital Infanta Margarita de Cabra por la aplicación de "medidas economicistas" que imperan en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y aseguró que en los últimos días "se han dado instrucciones de limitar el ingreso" en esta planta y "posibilitar altas". El sindicato criticó la "incertidumbre y pesar" que estas indicaciones "producen en el conjunto de profesionales" del complejo sanitario, así como "los efectos que ello produce en los pacientes", pues "afecta de lleno a quienes están pendientes de intervenciones quirúrgicas". Serían 32 las camas que quedarían sin uso.

El sindicato se reunió ayer con los profesionales, que mostraron sus quejas por la movilidad de que son objeto y por el "estrés profesional" que les genera el cambio de unidad y en ocasiones de especialidad clínica. Y es que, según el Satse, este equipo se utilizará "para dar vacaciones en otras unidades, a pesar de ser personal fijo o eventual de larga duración, por lo que ven afectado su hábitat profesional, su turno de trabajo y otras condiciones laborales y derechos". Todo ello "colisiona con la conciliación de la vida familiar".

Las plantas tercera, cuarta, quinta y sexta se encuentran en la actualidad completas con pacientes que "por derecho y por prescripción enfermera" deberían estar en habitaciones individuales. Sin embargo, la mitad de la séptima plan se encuentra ya sin ocupar "camino del cierre por orden de la dirección". El Satse reclamó que permanezca abierta, "salvo en el caso en que sea estrictamente necesario y durante el tiempo indispensable por cuestiones objetivas" relacionadas con unas obras de modernización pendientes en el techo del inmueble. El colectivo de enfermeros aseguró que estará "atento" a la gestión que se realice de las unidades de hospitalización y de las condiciones de ingreso de los pacientes.

El sindicato, por otra parte, informó de que ya estudia los escritos remitidos por la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Sur de Córdoba, que recientemente ha respondido en bloque a una serie de escritos en los que desde hace hasta ocho meses se solicitaba información laboral "fundamental" para ejercer "con garantías" su función sindical.

Todo ello, después de que el Satse anunciara el pasado 3 de junio un ultimátum con la intención de demandar al gerente del distrito, Jesús González, "por atentar contra la libertad y la tutela sindical". El sindicato advirtió de que esta acción judicial se ejecutaría si en el plazo de diez días "no satisfacía las necesidades de información solicitadas" por la sección sindical en torno a datos sobre política de personal en los centros que gestiona.

El propio González reconoció hace unos días a El Día que desde la Gerencia no se había dado contestación a esta petición. Se trata de datos que se ofrecen "desde la Dirección Económica" del Área, una cúpula que precisamente experimentó cambios en su organigrama el pasado mes de diciembre, lo que pudo dar lugar a algún retraso o anomalía en el funcionamiento habitual del servicio, indicó González.