El secretario general del sindicato CTA, Francisco Moro, y el secretario general de CTA en la comarca del Bajo Guadalquivir en Córdoba, José Parras, alertaron ayer de la "explotación" y la "represión" que sufren los empleados en la campaña del ajo, que, según destacaron, ahora investiga la Fiscalía después de una denuncia de la organización sindical por la supuesta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Junto a esta denuncia, Moro alertó también del aumento del número de cuadrillas de inmigrantes que acuden a la campaña del ajo, sobre todo, de procedencia rumana, norteafricana e, incluso, pakistaní, una situación que no ocurría en los últimos años en el campo cordobés.

Moro explicó que entre las situaciones que se viven en la citada campaña en algunas explotaciones agrarias ubicadas entre La Guijarrosa y Santaella "hay centenares de trabajadores rumanos y africanos, de los que la mayoría no están dados de alta en la Seguridad Social, cobran sólo diez euros diarios y trabajan de sol a sol". Al respecto, lamentó que el convenio por la campaña del ajo "se ha bajado un 14%" y agregó que "los empresarios que tenían que estar pagando a 1,61 euros la caja, la pagan a 1,21 euros". En este punto, llegó a asegurar que los empresarios sólo dan de alta en la Seguridad Social a los trabajadores cuando recogen 30 cajas en dos o tres días.

Moro criticó también que las respuestas recibidas por parte de los propietarios cuando informaban de sus derechos a los trabajadores en una finca dedicada al cultivo del ajo y ubicada en el término de Cabra. "Nos echaron pero el próximo miércoles iremos más porque tenemos permiso", anunció.

El secretario general de CTA en la comarca del Bajo Guadalquivir, por su parte, lamentó que la Inspección de Trabajo ha interpuesto unas 140 denuncias, pero "dice que no pueden comprobar los hechos, porque siempre llegan tarde a la hora de la inspección", motivo por el que reclamó "más interés" por su parte.