La acusación popular del caso Almazaras de Priego de Córdoba, representada por la Asociación Almazeite, que aglutina a la mayor parte de las 2.000 familias afectadas por la compraventa de aceite de oliva con contratos ficticios en la campaña 2004-2005, solicita un total de 62 años de prisión para los diez acusados por la supuesta comisión de delitos de estafa con los citados contratos y delitos societarios. Esta consistió en el presunto "falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad, para causar un perjuicio económico a la misma, alguno de sus socios o a terceros". El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Córdoba en los próximos meses.

Así se recoge en la calificación de la acusación que detalla que los procesados son el exgerente de Almazaras de Priego, el exsecretario, el presidente y el tesorero, además del responsable de Oleonostrum y comisionista, dos interventores y el representante de Jaraoliva y autor de los contratos formalizados entre Jaraoliva y la cooperativa Almazaras de Priego. Asimismo, también se contemplan como acusados el representante legal de Baldomero Ruiz y comisionista y el exdirector de la Caja Rural de Córdoba en Fuente Tójar. En cuanto a las responsabilidades civiles, la actuación delictiva de los acusados ha llevado a Almazaras de Priego, sociedad cooperativa andaluza de segundo grado, a sufrir unos daños y perjuicios "enormes", con dos supuestos diferenciados. En concreto, el importe total de daños y perjuicios sufridos por la empresa prieguense asciende a 7.323.407 euros, mientras que los daños, perjuicios y pérdidas sufridos por las cinco cooperativas que integraban Almazaras, "al recibir una cantidad por kilo de aceite muy inferior a la del mercado y ello como consecuencia directa de los daños y perjuicios", son 4.791.850 euros. Por tanto, reclaman como responsabilidad civil más de 12 millones de euros.

En este sentido, la calificación relata que los acusados supuestamente llevaron a cabo un delito de estafa, "porque la compraventa de aceite de oliva fue ficticia, ya que hubo un pacto de no entrega de la mercancía y como única finalidad tenían la del cobro ilegal e ilícito de las comisiones devengadas por las falsas operaciones de compraventa". Asimismo, relata que el pago de las comisiones por los contratos ficticios, produjo "un perjuicio económico para la cooperativa y un beneficio económico" para el exgerente y para los comisionistas, con la cooperación de los miembros del consejo rector de Almazaras que supuestamente conocían el contenido de los contratos ficticios. Estos hechos hacen que, a juicio de la acusación, los acusados "son autores de la estafa, bien por cooperación necesaria o por comisión por omisión, al no haber impedido el pago de las comisiones a su propio gerente y a la empresa Baldomero Ruiz". También se imputa el delito de estafa al exdirector de la Caja Rural de Córdoba en Fuente Tójar "ya que los pagos de operaciones de la cooperativa se realizaron en una cuenta abierta" en dicha entidad, supuestamente "falsificando" éste la firma del tesorero de Almazaras, así como las firmas en las cartulinas en las que se estampan las firmas de las personas autorizadas para disponer de los fondos.