La Fiscalía de Córdoba solicita penas de cuatro años y seis meses de prisión, un total de cinco años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y más de 31.000 euros de multa para el ex alcalde de Fuente Palmera entre 1987 y 2003, el socialista Antonio Guisado, al que acusa de un delito de falsedad en documento oficial y nombramiento ilegal para cargo público, en este caso, como recaudador municipal. Además, este último, C. T. A. y que ha ejercido el puesto de secretario de la Corporación desde 1985 hasta 2003, se enfrenta a otros cuatro años y seis meses de cárcel, inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años y suspensión por dos años y unos 44.000 euros de multa por la presunta comisión de los delitos de aceptación de nombramiento ilegal para cargo público y actividades prohibidas a funcionario, así como falsedad en documento oficial.

Según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en 1991 el ex alcalde, supuestamente abusando de su posición de poder y "sin atenerse a procedimiento legal alguno", determinó "en connivencia" con C. T. A. atribuir a éste con carácter indefinido el cargo de recaudador municipal y ello pese a constar la incompatibilidad legal para ejercer el puesto de secretario simultáneamente con cualquier otro cargo en el sector público, según la Ley de Incompatibilidades.

A juicio del fiscal, el supuesto mecanismo por el que "ambos se valieron para lograr este fin" fue el de efectuar un nombramiento provisional, alegando razones de urgencia, y permitir a continuación que esta situación provisional "se perpetuara y se consolidara por la vía de hecho, omitiendo deliberadamente proveer la plaza de recaudador municipal conforme al procedimiento legalmente establecido". A tal efecto, durante la sesión extraordinaria del Pleno municipal del día 18 de febrero de 1991, el ex alcalde hizo saber a la Corporación que, "debido a la emergencia planteada al haberse desvinculado el Ayuntamiento del Consorcio de recaudación dependiente de la Diputación, había resuelto nombrar recaudador con carácter provisional al secretario".

Posteriormente, en la sesión ordinaria del 27 de marzo de 1991, el Pleno abordó la cuestión pendiente de la recaudación municipal, decidiéndose por mayoría absoluta que la plaza de recaudador se habría de proveer mediante un concurso restringido, reservado solo para el personal funcionario; fijándose también el cobro con el que se retribuirían los servicios prestados. No obstante, según el fiscal, Guisado "jamás llegó a convocar el anunciado concurso", lo que permitió al secretario continuar indefinidamente con las funciones, "las cuales desempeñó simultáneamente con el cargo de secretario, percibiendo las retribuciones correspondientes a ambos puestos".

Pero además, C. T. A. supuestamente contrató a dos auxiliares administrativos, una de las cuales era su propia hija, que junto con la otra auxiliar prestaban sus servicios en dependencias municipales, "si bien ambas actuaban no por cuenta del Ayuntamiento, sino directamente del procesado, el cual constituyó a tal efecto una empresa que denominó Gestión y Recaudación de Arbitrios y en la que delegó sin ningún título legal las funciones recaudatorias, todo ello "con pleno conocimiento y asentimiento del alcalde", dice el fiscal. Así, desde enero de 1992 hasta junio de 2003, C. T. A. percibió del Ayuntamiento, además de los emolumentos correspondientes al cargo de secretario, una cuantía por importe de 591.891 euros en premios de cobranza de los tributos.