El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, Manuel Ruda, ha solicitado que "se agilice la tramitación judicial de la venta irregular de las parcelas del polígono de Los Fruteros, a raíz de los informes de los técnicos que están saliendo a la luz pública". El dirigente asegura que el informe del interventor y anteriormente del secretario del Consistorio demuestran "que la gestión que se hizo en su día está llena de presuntas irregularidades tanto urbanísticas como económicas". Así, Izquierda Unida va a solicitar formalmente y por escrito "que se agilice de una vez el procedimiento de Los Fruteros en los juzgados de Posadas, que lleva tramitándose más de ocho años". IU elevará esa petición al Consejo General del Poder Judicial, al consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y al nuevo ministro de Justicia.

Ruda considera que el asunto "se está retrasando demasiado en el tiempo" y que "no tiene sentido a la vista de los informes tan demoledores que los técnicos han redactado que se dilate más la situación".

Para la coalición de izquierdas, el informe "es una nueva prueba más de las presuntas irregularidades que cometieron el equipo de gobierno de Antonio Guisado", exalcalde socialista que gobernó hasta 2003. Para Ruda, esto "ya no es sólo un problema urbanístico, como se pretende hacer ver desde el entorno de Antonio Guisado, esto es una presunta estafa y que la Justicia tiene que dilucidar lo antes posible". Ruda recuerda que lo que se hizo con el suelo de este polígono industrial fue "vender una cosa que no era del Ayuntamiento y, además, recibir un dinero a cambio".

Asimismo, "vamos a pedir en el Pleno ordinario correspondiente al mes enero que se pida por parte del Pleno, mediante escrito y oficialmente, una comunicación al Consejo General del Poder Judicial pidiendo la agilización del procedimiento judicial". Como ya avanzó El Día, el último informe relativo a la venta de suelo de Los Fruteros realizada por el exalcalde Antonio Guisado lo ha redactado el interventor municipal, aunque instancias del juzgado de Posadas que está instruyendo las diligencias de este caso.

El texto asegura, entre otras cosas, que el dinero ingresado por el Ayuntamiento no se destinó al fin que legalmente correspondía cuando se vende patrimonio municipal de suelo, como puede ser adquisición de terreno para vivienda de protección o la mejora de la gestión urbanística del municipio, por lo que la mayoría de esos ingresos se desviaron para "el pago de facturas de ejercicios anteriores por la prestación de servicios de muy diversa índole", indica el interventor.

Otro de los puntos que llama la atención es que la venta de las parcelas del parque empresarial de Los Fruteros se realizó a través de un patronato municipal a unas 16 personas o entidades de la Colonia, aunque el estudio ahora redactado incide en que este patronato "no sólo no era propietario de las parcelas objeto de la enajenación, sino que ni siquiera lo era el propio Ayuntamiento de Fuente Palmera".