LA polémica sobre la localización del ATC que deberá albergar todos nuestros residuos nucleares, además de mostrar males endémicos y lamentables de nuestra decepcionante clase política, está teniendo la virtud de devolver al primer plano la cuestión fundamental. De lo que verdaderamente se trata es de diseñar un modelo energético en el que vayamos sustituyendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles sin perder, por ello, los actuales niveles de desarrollo, sin renunciar tampoco a la sostenibilidad y procurando alcanzar un coste competitivo.

Más allá de posturas desinformadas, interesadas o irracionales, ese objetivo imprescindible requiere replantearse -hoy mejor que mañana- las razones y la vigencia del dogma antinuclear. Claro que todos queremos un futuro sistema de energía más saludable, capaz de generar crecimiento económico y empleo, desembarazado del dictado de productores caprichosos. Por supuesto también que, en esa idea, tendrán que jugar un papel determinante las energías renovables (la solar y la eólica principalmente). Pero, como ha puesto de manifiesto no hace mucho el foro de ingenieros de Andalucía, siendo estas últimas aún muy caras, se hace necesario complementarlas con otra fuente lo suficientemente barata, inocua y estable como para no arriesgar la lenta y paulatina implantación de aquéllas.

Tal fuente no puede ser otra que la nuclear, cuya tecnología ha logrado estándares formidables de seguridad, proporciona soluciones económicamente soportables, avanza a pasos agigantados en la mejor gestión de los residuos, garantiza cotas inigualadas de independencia, asegura una disminución drástica de emisiones y triunfa en la mayoría de los países sensatos.

El problema es especialmente complejo en Andalucía, una comunidad lastrada, por éste y por otros factores, en sus posibilidades de despegue. Los argumentos que expusiera en estas mismas páginas, allá por el 2008, Manuel Lozano Leyva, catedrático de Física Atómica de la Universidad de Sevilla, para defender la construcción de una o dos centrales nucleares en nuestra tierra, siguen siendo plenamente válidos: la experiencia de nuestra industria eléctrica y el hecho mismo de que contemos con magníficos y numerosos grupos de investigación en la materia podrían no sólo configurar tales instalaciones como motores de progreso, sino incluso llegar a fundar un sector de exportación, creador ingente de riqueza. Si a ello unimos la incertidumbre, que existe, sobre cómo acabará vertebrándose España a lo largo del siglo XXI, sobran motivos para empezar a planear ya nuestra propia autonomía energética.

No faltan voces -éstas sí cabales- que subrayan los inconvenientes del propósito. Todas habrán de ser atendidas en el reclamado debate. Ése que, superando cálculos míseros, miedos alentados y utopías pueriles, no puede sin gravísimo riesgo seguir aplazándose.