COMO ya es habitual en las sucesivas reformas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), no llueve a gusto de todos. La polémica está servida entre los que piensan que han perdido y los que consideran que no les ha ido mal.

La novedad de esta última reforma es que, por presión de los Estados (Consejo), la Comisión ha tenido que rebajar sus iniciales ambiciones reguladoras, dejando un amplio margen de autonomía a los gobiernos nacionales para aplicarla. Los gobiernos le han dicho a la Comisión algo así como "dejémonos de milongas reformadoras en estos tiempos de crisis. Dame mi sobre nacional, y ya veré cómo repartirlo". Y ahí está el problema, en el reparto, cuando ese "sobre nacional" tiene que repartirse en países como el nuestro, con una gran diversidad agraria y con una estructura de 17 comunidades autónomas, cada una de ellas dispuesta a llevarse el "sobre regional" que le toque con las menores pérdidas posibles. Es un reparto complejo de justificar, puesto que los distintos consejeros regionales tienen que rendir cuentas en sus respectivas comunidades e intentar demostrar que no han perdido, o que si lo han hecho, no más que el resto.

Difícil tarea ha tenido la pasada Conferencia Sectorial para cerrar acuerdos sobre el reparto del "sobre nacional", que, en su conjunto, ha descendido en torno al 10% respecto al periodo anterior. Si tenemos en cuenta lo mal que pintaban las cosas para Andalucía cuando comenzó a negociarse la reforma en Bruselas, nuestra comunidad autónoma ha salido razonablemente bien parada de la conferencia sectorial en lo que respecta a las "ayudas directas" del primer pilar. Estas ayudas son, con diferencia, la parte más importante de la PAC (representan más del 75% del presupuesto europeo agrícola), sobre todo porque son ayudas que van directamente al bolsillo de los agricultores y son financiadas totalmente por la UE. Un aspecto relevante de la negociación ha sido determinar los sectores que continuarán recibiendo excepcionalmente ayudas "acopladas" a la producción. Andalucía ha intentado, sin éxito, incluir el olivar en pendiente y de baja producción, y el trigo duro, aunque ha logrado el compromiso de que se revisará la decisión dentro de dos años.

Luego, está el tema del "segundo pilar" (desarrollo rural) que, si bien tiene menos importancia cuantitativa (algo menos del 25% del presupuesto agrícola), sí la tiene en términos simbólicos. En ese pilar están las ayudas destinadas a impulsar proyectos de mejora y modernización de las explotaciones agrarias y las destinadas a financiar proyectos de diversificación de actividades a través de los Grupos de Desarrollo Rural mediante la metodología Leader.

El modo como se ha hecho el reparto del segundo pilar en la conferencia sectorial ha levantado ampollas, sobre todo en Andalucía, que ha visto reducido en un 10% el fondo Feader respecto a lo recibido en el anterior periodo de programación, y que, por ello, se siente maltratada frente a otras comunidades autónomas (aunque es verdad que partía del porcentaje más elevado).

No obstante, hay que relativizar su impacto. Debo recordar que las ayudas del segundo pilar son cofinanciadas entre la UE y los estados miembros, por lo que, para hacerse efectivas, las comunidades autónomas tienen que aportar de sus propios presupuestos regionales un porcentaje importante de cofinanciación. En años de crisis, con las arcas públicas poco boyantes, habrá dificultades para que los gobiernos regionales puedan asumir la parte de cofinanciación que les corresponde.

Por eso, más que lamentar si viene a Andalucía menos dinero del segundo pilar (algo más de 1.900 millones de euros), lo importante es saber qué hacer con el que llega, y decidir con realismo qué recursos propios podemos asignar para que puedan aprovecharse las ayudas en aquellos proyectos que sean realmente relevantes para el desarrollo de nuestra agricultura. En ocasiones se ha tenido que devolver fondos estructurales por no haber tenido capacidad financiera para utilizarlos.

Finalmente, un comentario sobre la parte del segundo pilar que va destinada a los Grupos de Desarrollo Rural. Es verdad que se ha visto reducida sensiblemente, pero también es cierto que a los Grupos se les abre la posibilidad de captar recursos de otros fondos estructurales (Feder, FSE…) a través de nuevas fórmulas de cooperación que se han puesto en marcha con la reforma de la PAC (multifondo). Ese es el reto, no fácil, que tienen por delante.

En definitiva, tenemos PAC para los próximos siete años, lo que es una buena noticia, ya que no había seguridad de que la hubiera. Es cierto que llega con menos cantidad que antes (aun así Andalucía recibirá más de 1.600 millones anuales de ayudas directas). Pero eso obligará al sector agrario andaluz a ser más eficiente, y a la Consejería de Agricultura a ser más selectiva y exigente con el PDR y con el destino que le vaya a dar a unas ayudas que todavía representan una cantidad significativa de la renta agraria y rural.